9 imputados por maniobra con autos: empadronamientos apócrifos y 598 autos exonerados con un perjuicio económico para la Intendencia de unos 13 millones de pesos
Sobre la madrugada de este jueves se logró la formalización de la investigación con respecto a nueve personas, dos de ellas funcionarios municipales, y se los imputó por varios delitos como falsificación ideológica de documento público, falsificación de documento público, fraude, lavado de activos y encubrimiento, según dijo en rueda de prensa la Fiscal Adjunta de Segundo Turno, Dra. María Eugenia Caltieri.
La investigación realizada permitió aclarar la operativa de este grupo que incluía el empadronamiento apócrifo de vehículos de procedencia brasileña, presumiblemente robados, que ingresaban a través de la frontera de Aceguá o Río Branco, así como la exoneración de patentes de rodado, bajo el reglamento que rige en Cerro Largo para la exoneración de la patente de motos; se estima que el perjuicio económico para la administración del departamento hasta ahora asciende a los 13 millones de pesos.
Los vehículos robados se “legalizaban” mediante el accionar de funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo para luego venderlos en otros puntos del territorio nacional.
En cuanto al trámite de exoneraciones, se pudo constatar que 598 autos, en su mayoría de alta gama, habrían exonerado el pago de la patente a través del reglamento que habilita la exoneración de la patente de motos; adulteraciones mediante, accedían a este beneficio. Se confirma que muchos de estos autos, si bien están identificados, aún no han sido intervenidos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
Se pudo probar que la operativa comenzó en 2019, por lo menos, aunque no se descarta que haya casos anteriores a esa fecha.
Como medidas cautelares, a cinco de los nueve imputados se les impuso prisión preventiva y los restantes se dispuso arresto domiciliario, en algunos casos total y en otros nocturno, mientras continúan las indagatorias.
Varios de los detenidos en una primera instancia, fueron liberados bajo emplazamiento.
La representante de la Fiscalía de Segundo Turno indicó que la investigación continúa y que no se descarta que se “profundice” y pueda haber “más personas indagadas”.
Confirmó además que la investigación comenzó en noviembre del año pasado a partir de una “denuncia presentada por el encargado de la oficina de contralor vehicular de la oficina de la Intendencia de Montevideo”.
