“Creemos que se hizo justicia”, afirma la fiscal Leticia Siqueira
Humberto Allende, alcalde de Cerro de las Cuentas, localidad ubicada a 60km de Melo por ruta nacional número 26, fue condenado este martes a cinco años y dos meses de penitenciaría por abuso sexual especialmente agravado y lesiones personales. El fallo se da luego de una denuncia realizada en 2019 por una mujer de 77 años, quien fue víctima de violación.
El abogado de la víctima, Dr. Gustavo Silveira, expresó en declaraciones a la prensa: “A mi clienta le destrozaron la vida. A casi los 80 años la abusaron brutalmente, le hicieron vivir con miedo los últimos años de su vida, la imposibilitaron de vivir sola como lo hizo los últimos 30 años de su vida, disfrutar de sus vecinos. Fue una violencia muy grave. Hoy empezamos a hacer justicia”. Agregó que la víctima ahora vive en un hogar y no se anima a regresar a su casa.
Por su parte, la fiscal del caso, Leticia Siqueira, afirmó en rueda de prensa que “la denunciante es de avanzada edad, pero está fuerte y estaba expectante, necesitando justicia. Creemos que se hizo justicia. La familia ha sufrido mucho, sus hijas y su nieta. Es un pueblo chico, ellos viven ahí, y se ha convivido durante mucho tiempo con esta situación, y la persona condenada es el alcalde de esta localidad”.
La sentencia también incluye medidas accesorias como la prohibición de ocupar cargos públicos o privados que impliquen contacto con niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, así como la reparación a la víctima. No obstante, hay un plazo de 15 días para que las partes apelen, por lo que la sentencia aún no está firme.
En cuanto a las consecuencias inmediatas para Allende, se le impuso arresto domiciliario total por seis meses con monitoreo electrónico para asegurar su permanencia en el país y evitar una posible fuga. La fiscal Siqueira explicó que estas medidas son necesarias para garantizar que el imputado pueda comparecer en instancias judiciales posteriores.
El artículo 80 de la Constitución establece que una condena con pena de prisión suspende el ejercicio de la ciudadanía, lo que inhibe a las personas afectadas de ser elegidas o de ejercer cargos públicos. Sin embargo, tanto la fiscal como el abogado de la víctima indicaron que no tienen jurisdicción sobre si Allende puede continuar ejerciendo como alcalde, y que esa decisión corresponderá a las autoridades competentes.
El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, y a la salida de la audiencia, Allende amenazó con golpear a una periodista que se acercó para tomar su testimonio, insultándola posteriormente antes de ser escoltado a su domicilio por un móvil policial.
