LA SEGURIDAD ES UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES DE LA INICIATIVA PROMOVIDA POR EL GOBIERNO ELECTO
Con la seguridad pública como su primer capítulo y el más extenso (94 artículos), el gobierno electo publicó este miércoles el proyecto de ley de urgente consideración con el que Luis Lacalle Pou buscará poner en marcha la próxima administración.
En total, el texto tiene 10 secciones: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; economía y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia en vivienda; y por último un capítulo sobre “otras disposiciones”.
Seguridad
Legítima defensa. Extensión de la presunción de legítima defensa en establecimientos rurales y personal que trabaja en comercios.
El proyecto extiende la legítima defensa a quien emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa (los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares) o de un campo (se incluyen los galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento).
También se considerará que ejercen la legítima defensa quien repele una agresión física contra él o un tercero, los funcionarios policiales, de la prefectura, o del Ministerio de Defensa, incluyendo quienes protegen las fronteras en el marco de la ley aprobada en 2019.
Se incluye a quien salga en defensa del cónyuge, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de una persona
Aumento de penas. Se incluye a los cómplices de los delitos de drogas en el artículo 89 del Código Penal que podrán ser penalizados por la misma pena que los autores. Se considerará circunstancia agravante el encubrimiento en los delitos vinculados al narcotráfico, así como en los casos de rapiña, copamiento, secuestro.
Se propone incrementar la pena de 4 a 16 años (hoy tiene pena de 2 a 12 años) y suman como parte del delito el abuso de las relaciones domésticas. En el caso del abuso sexual elevan la pena de 4 a 16 años de penitenciaría.
Se agrega en el delito de desacato a quien se resiste a ser detenido por la policía o a quién ataca a un policía. Con la misma pena será castigado el que intentará impedir la detención de otra persona, oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad, o facilitara su fuga.
Las bocas de pasta base se suman a los delitos de narcotráfico que se penan con penitenciaría de 4 a 15 años.
Los delitos de narcotráfico pasan a ser inexcarcelables
Robo de armas a policías. Al delito de receptación se le agrega que “cuando el objeto del delito de receptación sea un arma de fuego, la pena mínima será de dos años de penitenciaría. Si el arma proviniera de la Policía o de las Fuerzas Armadas, el mínimo será de tres años”
Cambios al CPP. En el articulado se proponen varios cambios al Código de Proceso Penal vigente desde noviembre de 2017 entre lo que se plantea darle potestades a la policía de interrogar a los detenidos antes de pasarlo al fiscal. Amplía de dos a cuatro horas el plazo de detención de personas en averiguaciones en casos de registros en busca de pruebas de delitos. La policía podrá registrar a las personas y vehículos y luego comunicarlo a los fiscales.
Tobilleras. El retiro no autorizado o la destrucción intencional, se castigará con penas de diez meses a 18 meses de prisión y con 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (Unidades Reaustables) de multa.
Tarea policial. Amplía a cuatro horas el plazo para la comunicación inmediata al fiscal de la actuación policial. Se establece la potestad de pedir la cédula, la obligatoriedad de entregarla y la detención a quien se niegue.
Se crea la Dirección Nacional de la Seguridad Rural cuyos cometidos son el diseño, la coordinación, la ejecución, y la evaluación de las políticas de seguridad en el medio rural.
222. Se extiende de 50 a 100 horas el límite de horas de vigilancia que pueden ejercer los policías pero el algo que ya fue acordado en setiembre pasado entre policias y Ministerio de Trabajo. Además, se faculta al Ministerio del Interior a ampliar dicho tope hasta en 20 horas mensuales e individuales.
Menores. Mantener antecedentes a menores en casos de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia).
Se duplica de 5 a 10 años el lapso máximo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, toda vez que sean mayores de quince años y menores de dieciocho.
Las medidas privativas de libertad para delitos gravísimos tendrán una duración no inferior a los dos años.
Economía
Se prevé la creación de una regla fiscal cuyo ámbito de aplicación abarcará a la administración central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución.
La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
En otro orden, la inclusión financiera se renombra como libertad financiera. Mientras que la ley aprobada en 2014 estipulaba que el pago de los sueldos debía ser por medios electrónicos, el artículo plantea que los sueldos “podrán” efectuarse por esa vía, “sin perjuicio de la modalidad en efectivo”.
Según el proyecto de ley, “la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un año”, prorrogándose “por igual período” en caso de que no se acuerde una nueva modalidad antes.
El documento también plantea la desmonopolización de combustible con la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap.
Vivienda
El proyecto de ley dispone regímenes de arrendamiento sin garantía para hogares de vivienda. De todos modos, aclara que “no se considerará desvío del destino casa habitación la instalación en la finca arrendada de una pequeña industria doméstica o artesanal, en ambos casos con no más de dos trabajadores dependientes, así como el ejercicio de una profesión universitaria o similar”.
En cuanto a los asentamientos, busca “facilitar el otorgamiento de los títulos de propiedad de la vivienda y el terreno a los residentes de los asentamientos irregulares, en las condiciones que la reglamentación establezca” y ejecutar políticas para que no se sigan formando asentamientos irregulares.
Trabajo
En el capítulo sobre relaciones laborales el proyecto de ley plantea que toda modalidad de huelga deberá ejercerse de manera pacífica y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en los locales de la compañía. Agrega que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a estas medidas cuando no reúnan las condiciones establecidas.
Ministerio de Desarrollo (Mides)
El proyecto de ley promueve una “adecuación de cargos” en el Ministerio de Desarrollo Social, acorde a una “nueva estructura organizativa”.
El nuevo gobierno señala que se conformará en la órbita del Mides un “registro único de los destinatarios de los programas sociales”. También, que los convenios de esa cartera con instituciones públicas y privadas incluyan una “definición clara de los objetivos a lograr, forma de evaluación y monitoreo de resultados”.
Educación
El proyecto de ley redefine los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura y dispone, por ejemplo, que elabore “el Compromiso de Política Educativa Nacional que acompañará la solicitud de venias para designar a los tres miembros del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública propuestos por el Poder Ejecutivo”.
También modifica los órganos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que pasarán de ser consejos a ser direcciones, a excepción de dos de sus órganos. Por ende, los nuevos organismos se denominarán,: Consejo Directivo Central, Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección General de Educación Técnico Profesional, y Consejo de Formación Docente.
El documento plantea que el Consejo Directivo Central de la ANEP esté integrado por cinco miembros, los que deberán “poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación”.
Eficiencia del Estado
El proyecto crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que dependerá de Presidencia. También instaura a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, depende de la Prosecretaría de la Presidencia. Puede supervisar la correcta ejecución de los contratos que se celebren en el ámbito de la Administración central. Se eliminan la Unidad Central de Adquisiciones y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.
El artículo 301 permite al Poder Ejecutivo aprobar reestructuras en todos los ministerios. Podrán crear, suprimir, transformar y fusionar unidades ejecutoras, así como modificar sus denominaciones. En ningún caso las reestructuras organizativas podrán afectar o lesionar los derechos de los funcionarios públicos. Las reestructuras serán enviadas a la Asamblea General, debiendo la misma expedirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas.
En base a Observador y fuentes propias.
Foto: reunión de la coalición multicolor (Santiago Mazzarovich / Adhocfotos)
