Integrantes de la sociedad civil que integran la Coordinadora 8M Cerro Largo hicieron pública una proclama en la cual expresan “una vez más” la necesidad de profundizar la lucha “contra el sistema patriarcal, responsable de un modelo hegemónico que produce y reproduce desigualdades históricas entre varones y mujeres y establece relaciones de desequilibrio de poder que pretenden perpetuar la opresión y el control hacia las mujeres. Según datos de la 2ª Encuesta de Prevalencia de la Violencia Basada en Género, del año 2019, el 77% de las mujeres de 15 años y más que residen en Uruguay vivieron situaciones de Violencia Basada en Género a lo largo de la vida, lo que representa más de un millón de mujeres. Según el mismo estudio, casi cuatro de cada diez mujeres uruguayas vivieron Violencia basada en Género durante la infancia; estamos hablando de aproximadamente 540.000 mujeres”
A nivel departamental los datos también son relevantes; “según datos oficiales, se ha incrementado el número de denuncias, tanto en Melo como en Río Branco y se ha ampliado la capacidad de colocación de tobilleras electrónicas. Contamos con servicios de atención especializados, gestionados a partir de la articulación Estado – Sociedad Civil ubicados en Melo y Río Branco, con cobertura departamental, los que atienden anualmente un promedio de XX mujeres en el año. Sin dudas, los avances de los últimos años, en materia de respuestas frente a la violencia basada en género han sido muy significativos, sin embargo, no estamos todas! En lo que va del año se han producido 21 femicidios; desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”, expresan.
Otra gran aceptación que ha tenido la pandemia es el aumento de la pobreza fundamentalmente por la caída de las fuentes laborales y el ingreso de los hogares, “siendo las mujeres y las infancias, las más afectadas. En este contexto, vemos con preocupación el cambio de rumbo en cuanto a las políticas sociales, que incluyen el recorte de programas dirigidos a atender las situaciones de mayor vulnerabilidad, como el Programa Soluciones Habitacionales, para mujeres en situación de violencia, hoy inactivo. En un año y medio de vigencia del artículo 74 de la LUC, las mujeres en cárceles pasaron de 650 a 1038 en setiembre 2021”.
La proclama también incluyó un rechazo rotundo a algunos cuestionamientos que surgen “desde los sectores más conservadores de la sociedad”, con el objetivo de “vulnerar los derechos conquistados con tantos años de lucha”. Como ejemplo se citan los cuestionamientos a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo o la intención de poner en práctica la llamada ley de tenencia compartida, lo que implica un “retroceso en la protección de niñas y niños”.
También se exige la implementación de la Ley Integral contra la Violencia basada en Género “en todos sus términos. Es imperioso terminar con este flagelo. Para ello exigimos al Estado que no se escatimen esfuerzos en la urgente implementación de las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con una vida libre de violencia. Apostamos a fortalecer las alianzas, para un trabajo más articulado entre todos los actores involucrados. Es imprescindible fortalecernos como comunidades, en el entendido que esta lucha es de toda la sociedad, una lucha colectiva para erradicar la violencia estructural que persiste en nuestras sociedades”, finalizaron diciendo.
