“El reclamo es bien sencillo, se tiene que cumplir con la normativa, no existe otra posibilidad”
El sindicato de docentes de Formación en Educación denuncia el incumplimiento de la normativa jurídica para la designación del cargo de la Dirección del IFD de Melo; solicita a las autoridades que realicen la elección atendiendo el ordenamiento vigente.
Se entiende que por la designación directa del cargo de Dirección se desconoce el Estatuto del Funcionario Docente, se afectan los derechos laborales y no se respetan los derechos emanados de un concurso, instalándose así la arbitrariedad y el autoritarismo.
Vale la pena recordar que tras el retiro jubilatorio del profesor Humberto Martínez asumió al frente del Instituto de Melo la maestra Sandra Caticha, quien accedió al cargo por concurso; posteriormente, la docente renunció al mismo, por lo que fue designada de forma interina al frente del IFD quien se venía desempeñando como Secretaria Docente, Ana Carina González.
En la tarde de ayer, en conferencia de prensa, los docentes Patricia Ibarrondo, Daniel Barone y Carlos Hoyos explicaron la situación: “consideramos que es un asunto grave para la institucionalidad en el entendido de que no se respeta lo que para los docentes es muy importante, como es el Estatuto del Funcionario Docente, para designar o llenar los cargos que surjan vacantes tanto de docencia directa como indirecta, en este caso de docencia indirecta que debe ser llenado de acuerdo a la normativa, articulo, 13, 20 y 32 del Estatuto del Funcionario Docente”, manifestó Ibarrondo.
Entienden los docentes que las autoridades deben “seguir” la normativa vigente: “se hizo un llamado a concurso por las mismas autoridades que están hoy, un concurso no es una cosa sencilla porque se tiene que planificar y sin embargo después que se tiene un grupo de compañeros que están ordenados de acuerdo a los resultados de un mismo concurso, no se tiene en cuenta para cubrir los cargos vacantes, lo que me parece un error por parte de las autoridades. Entonces, el reclamo es bien sencillo, se tiene que cumplir con la normativa, no existe otra posibilidad porque eso va contra la institucionalidad, las mismas autoridades son las que están violando cosas que ellos mismos suscriben porque las normativas las establecen las propias autoridades”, puntualizó Barone.
“CUANDO NUESTRO PAÍS TRANSITÓ POR UN GOBIERNO DE FACTO, POR UNA DICTADURA Y AHÍ SI SE PROCEDIÓ ACTUAR DE ESTA MANERA”
La expectativa de los representantes del Sindicato de Docentes de Formación en Educación es que las autoridades “revisen” la decisión tomada: “esperamos una revisión, que se den los argumentos por los cuales se procedió de esa forma y, por supuesto, nosotros lo que esperamos es que se pueda revertir esta situación y se de un llamado a elección del cargo como corresponde a partir de la lista que está vigente y que fue homologada el año pasado, que tiene una validez de tres años y que perfectamente puede ser utilizada en un acto de elección de los cargos vigentes vacantes de dirección y subdirección”, enfatizó Hoyos, quien aclaró que “lamentablemente” existen otros precedentes, informando que en el CERP de Salto ocurrió una situación similar este año: “lamentablemente no es un caso sin precedentes, en el CERP de Salto ocurrió la misma situación este año y con anterioridad cuando nuestro país transitó por un gobierno de facto, por una dictadura y ahí si se procedió actuar de esta manera. Por eso creemos que estamos frente a un hecho muy grave porque a partir del retorno a la democracia hay un respeto por las normas jurídicas, por el estatuto, y el respeto por todo lo que ha sido homologado por el CODICEN ha sido una tradición en nuestro país. Entonces, creemos que realmente esto es muy grave”, afirmó.
Hoyos claro que no se trata de una acción personal hacia nadie sino de “no mirar para el costado cuando las cosas se están haciendo mal, nosotros estamos en un Instituto de Formación Docente donde formamos educadores que frente a una realidad injusta, que desconoce la normativa, sea cual sea, es nuestra obligación como funcionarios públicos y cuando vemos un hecho, una omisión tenemos la obligación de denunciarlo, el decreto 500 prevé que nosotros hagamos eso y estamos en el cumplimiento de esa normativa también vigente y esto es importante porque los funcionarios del Consejo, el presidente del CFE, al violar la normativa está también incurriendo en un hecho que nos lesiona a todos”, sentenció.
