HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE ABRIL SE REÚNEN FIRMAS QUE APOYEN LA CONVOCATORIA A UN PLEBISCITO
Una charla sobre “Impactos de la inclusión financiera”, organizada por el Centro Comercial y promovida por el movimiento Un Solo Uruguay, se desarrolló en nuestro medio
En ese marco llegó a Melo José Pereyra, representante de la Cámara Empresarial de Maldonado, quien insistió en que estamos en los últimos días de la campaña de recolección de firmas que busca derogar algunos aspectos de la ley de inclusión financiera: “nosotros hemos visto que estamos tan cerca que, de no llegar en estos días, vamos a darle continuidad porque sabemos que las firmas están, porque son seis meses de una elección nacional obligatoria, por lo que nosotros tenemos para llegar hasta el último día de abril ante la Asamblea General con las firmas, para estar presentes en la elección de octubre y como venimos tan cerca de los números, tenemos mucha confianza de que lleguemos, pero si no llegamos, como fue un tema propio nuestro de infraestructura y no porque la gente no quiera afirmar, el plebiscito igualmente se va a presentar, o sea que más tarde o más temprano vamos a tener que involucrarnos todos los uruguayos y definir qué país queremos”, manifestó, recordando que previo a esta última gira faltaban unas 80.000 firmas, “pero hemos recibido un importante apoyo en estas últimas semanas sobre todo el sistema político a nivel nacional, entonces eso estimula y hemos tenido una andanada de firmas mucho mayor a la que incluso esperábamos”, agregó.
Pereyra insistió en que desde este movimiento lo que se busca es derogar la obligatoriedad que establece esta ley de inclusión financiera: “nosotros veíamos una forma de manejarse por parte del Estado que ataca la libertad de los ciudadanos, hoy por ejemplo le está pasando a los transportistas con este famoso chip que le quieren poner para controlar su pasaje por la ruta, primero los obliga y después exige que los costos los pague el propio transportista, o sea abarca mucho más que la propia ley de inclusión financiera, pero para ser básico creemos que pasó el tiempo, 2014, estamos en 2019 y los argumentos del gobierno era que con esta ley iba a haber mucho menos informalidad, menos inseguridad, mucho menos lavado de activos, en tanto el nuestro es que sólo iba a haber un beneficiario que es el sistema financiero y esto iba a generar desigualdades entre los uruguayos. Pasó el tiempo y nuestros argumentos con el tiempo han tenido razón, en tanto los del gobierno se han caído, en Uruguay hay más informalidad, más inseguridad, más exclusión y más lavado dinero”, sentenció