Junta Departamental avanza con la compra de un ascensor por $1,8 millones
La adquisición de un ascensor neumático fue aprobada por 25 votos en 26. La mayoría entiende que permitirá mejorar la accesibilidad del edificio, mientras que el edil Rafael Rodríguez cuestionó la compra directa y planteó que no constituye una prioridad.
La Junta Departamental de Cerro Largo aprobó la compra de un ascensor neumático para el edificio del Legislativo departamental, en una decisión que volvió a poner sobre la mesa una necesidad que lleva varios años siendo analizada.
La resolución fue adoptada por 25 votos en 26 ediles presentes, a partir del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Internos. El único voto contrario correspondió al edil nacionalista Rafael Rodríguez, quien cuestionó tanto el mecanismo utilizado para concretar la adquisición como la prioridad asignada al gasto.
El equipo será adquirido a la empresa Damoli S.A., que presentó una cotización de 36.000 dólares más IVA, llevando la inversión a aproximadamente 1,8 millones de pesos, según lo informado durante la sesión.
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La Junta optó por el procedimiento de compra directa, pese a que el monto supera los límites habituales establecidos para este mecanismo. La fundamentación se encuentra en la existencia de una situación de excepción vinculada a la escasez o exclusividad del producto, al sostenerse que no existen otros proveedores o alternativas técnicamente convenientes en el mercado nacional.
El expediente fue analizado por la Comisión de Asuntos Internos, con intervención del asesor letrado y del contador de la Corporación, quienes estudiaron las características del equipo y el procedimiento administrativo correspondiente.
LÓPEZ: “ES UNA NECESIDAD PARA LA JUNTA”
El presidente de la Junta Departamental, Alejandro López, defendió la decisión y destacó que la incorporación del ascensor permitirá resolver una situación que, según recordó, se arrastra prácticamente desde la construcción del actual edificio.
“Contento, porque hace 16 años que estábamos esperando que saliera el ascensor”, señaló López, quien destacó el trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Internos y por los técnicos de la Junta antes de llegar a la votación.
Para el presidente del Legislativo, la accesibilidad constituye el principal fundamento de la inversión. “Hay una ley de accesibilidad y todos los edificios públicos tendrían que tenerlo”, sostuvo, al remarcar que el edificio de la Junta nunca contó con un ascensor desde su inauguración.
López también hizo referencia a situaciones concretas en las que personas con dificultades de movilidad debieron ser trasladadas por las escaleras. “Hemos tenido que subir personas en silla de ruedas; uno lo sube en la falda y otro sube la silla de ruedas. Una barbaridad en una Junta Departamental”, afirmó.
El jerarca aclaró además que la compra será financiada con recursos propios de la Junta y no implicará una transferencia extraordinaria de la Intendencia. “Es plata de la Junta. Los recursos están y está presupuestado”, explicó. Según indicó, la Corporación había previsto 5 millones de pesos para la adquisición de un ascensor, por lo que el precio finalmente acordado representa un desembolso considerablemente menor al monto originalmente reservado.
La diferencia también fue uno de los elementos considerados para avanzar con el equipo neumático. López explicó que se trata de un sistema que no utiliza aceite ni lubricantes y que, de acuerdo con las características ofrecidas por la empresa, no requiere una cuota mensual de mantenimiento como ocurre con otros ascensores.
La Comisión de Asuntos Internos también tomó como referencia la experiencia de la Junta Departamental de Florida, que adquirió un equipo de similares características y lo mantiene en funcionamiento desde hace más de un año. “Fuimos a la Junta Departamental de Florida, lo probamos, anduvimos y vimos cómo funcionaba”, relató López.
En cuanto al procedimiento de compra, el presidente sostuvo que la decisión de recurrir a una compra directa estuvo vinculada a que la empresa seleccionada sería la única que comercializa este tipo de ascensores en Uruguay. “Es la única empresa que lo vende en Uruguay”, afirmó, señalando que esa situación fue analizada por la Comisión y el asesor letrado antes de elevar la propuesta al plenario.
RODRÍGUEZ CUESTIONÓ LA COMPRA DIRECTA Y LA PRIORIDAD DEL GASTO
El edil Rafael Rodríguez fue el único integrante del cuerpo que no acompañó la resolución. Su posición se centró en dos aspectos: el mecanismo utilizado para la adquisición y la consideración de que el ascensor no constituye actualmente una inversión prioritaria para la Junta.
Rodríguez sostuvo que, aun admitiendo que la normativa contempla excepciones para realizar compras directas, consideraba más adecuado convocar a un procedimiento que permitiera recibir distintas ofertas.
“La regla es la licitación”, señaló, entendiendo que, por tratarse de una inversión superior a 1,8 millones de pesos, hubiera sido conveniente abrir la posibilidad de competencia entre proveedores.
El edil afirmó que su objeción no se limita a la cuestión administrativa, sino también a la forma en que se tomó la decisión. “Creemos que no había necesidad de exponer la situación desde el punto de vista de una compra directa, otorgándole a una sola empresa”, manifestó.
Rodríguez agregó que quedaron aspectos del procedimiento que, a su entender, deberían haber sido analizados con mayor profundidad, entre ellos las condiciones concretas de pago y el contrato que se suscribirá con la empresa.
“Pienso, en lo personal, que era un tema que se podría haber conversado de mejor manera entre todos”, expresó.
El edil también planteó reparos respecto de la prioridad de la inversión. A su entender, si bien la accesibilidad es un derecho que debe ser contemplado en los edificios públicos, la necesidad de instalar un ascensor en la sede legislativa no justificaría actualmente un gasto de esas características.
“Yo pienso que no es una compra prioritaria”, afirmó.
Rodríguez argumentó que el edificio ya dispone de rampas para el acceso del público y sostuvo que no existen registros que permitan establecer una demanda frecuente de traslado de personas hacia los espacios ubicados en los niveles superiores.
“Tampoco hay ningún informe que diga cuántas veces se requirió, en los últimos 10 años, un ascensor para subir al plenario y al multiuso”, señaló.
El edil reconoció que han existido situaciones puntuales vinculadas a la movilidad y que la accesibilidad debe ser contemplada, pero consideró que esos antecedentes no alcanzan para justificar la inversión en este momento.
La resolución quedó finalmente aprobada por amplia mayoría. Con el respaldo de 25 de los 26 ediles presentes, la Junta Departamental avanzará ahora en el proceso de adquisición del equipo, con la expectativa planteada por su presidente de que el ascensor pueda estar instalado antes de finalizar el año.
