El Parlamento no aprobó el proyecto impulsado por Adrián Peña para regular el ingreso de funcionarios a las intendencias. La iniciativa, que necesitaba mayoría especial, no contó con los votos de los senadores del Partido Nacional; acompañaron la moción los legisladores de Cabildo Abierto, Partido Colorado y Frente Amplio.
La iniciativa alcanzó 20 votos en 28 senadores en sala, necesitaba 21. Votaron a favor los 13 senadores del FA, los 4 del PC y los 3 de CA. El PN votó en contra de la iniciativa.
El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, indicó que su partido votó en contra para “respaldar los estatutos de los gobiernos departamentales, tal cual lo dice la Constitución de la República”.
Botana indicó que el proyecto de ley que se pretendió votar iba en contra de los gobiernos departamentales y sustituía a las Juntas Departamentales en el contralor de los estatutos de concursos con lo que ya cuentan los gobiernos departamentales: “no estaba en juego el tema del concurso, el sorteo ni distintas modalidades de ingreso porque eso está en todos los estatutos del funcionario de todas las Intendencias del país, que lo que manda la Constitución. Lo que se quiso votar fue sustituir por ley lo que la Constitución dice, haciendo una gran acusación, al barrer, a todos los gobiernos departamentales como si fueran las Intendencias unos desorejados, relajados, que no cumplen con los valores esenciales y los principios fundamentales de la administración. Era un proyecto de ley inconstitucional de un artículo sólo, sin sanciones para el que incumple, que tampoco preveía casos excepcionales que están si previstos en los estatutos de los gobiernos departamentales, como manda la Constitución. En definitiva, fue un mensaje de políticos que quieren quedar bien y no hacer las cosas bien, y nosotros estamos en el Parlamento para hacer las cosas bien y no para andar quedando bien y armando desastres institucionales”, puntualizó.
Para el nacionalista, estaba en juego la vigencia de la Constitución: “la Constitución estaba en jaque porque el artículo 61 de la Constitución dice que los funcionarios se regirán por el Estatuto el Funcionario Público, y en el 62 dice que al Estatuto del Funcionario Público, en el caso de los gobiernos departamentales, los hacen precisamente lo gobiernos departamentales, y todos los gobiernos departamentales lo hicieron. Con este proyecto de ley se pretendía sustituir la labor de las Juntas Departamentales en una falta de respeto absoluta a la institucionalidad del Uruguay”, afirmó.
Botana afirmó que se pretendió “legislar para la tribuna” , recordando que en los 90, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expidió sobre la inconstitucionalidad de este tipo de normas: “esto de actuar con esa mentalidad montevideana de andar atacando a todo lo demás al barrer como si todo el mundo fuera uno desorejado que no cumplen con las normas, ni con los principios o valores, la verdad que fue bastante removedor pero de mala manera tener que aguantar ese tipo de cosas”, enfatizó.
BRENTA DEFENDIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, consultado por Subrayado, destacó el apoyo del sistema político uruguayo al proyecto de ley, a excepción del Partido Nacional. El legislador indicó que el texto de la iniciativa recogió los aportes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y de catedráticos que comparecieron ante la comisión.
Brenta defendió la constitucionalidad del proyecto y que en el mismo sentido se expresaron los constitucionalistas Martín Risso y Jaime Sapolinski, y que atiende un tema clave respecto a la libertad de acceder a un puesto de trabajo en los gobiernos departamentales.
“Todos sabemos que hay prácticas de clientelismo, de amiguismo y que en realidad el ciudadano está condicionado a tener un vínculo con el intendente de turno en muchos casos para lograr un trabajo en departamentos donde la intendencia es una de las fuentes principales de trabajo”, afirmó Brenta.
