La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) y la Central Única de Trabajadores (PIT-CNT) han emitido, por separado, un firme rechazo ante las declaraciones del senador electo Sergio Botana, quien acusó a funcionarios públicos de organismos como BPS, DGI, Aduanas y MIDES de actuar de manera deliberada para perjudicar a la ciudadanía.
Afgap, a través de un comunicado, expresó su desacuerdo con las palabras del legislador nacionalista, calificándolas como una “afrenta a nuestro trabajo diario” y una desvalorización del compromiso de los funcionarios públicos. En el texto, la organización dejó en claro que las acusaciones de Botana no solo son falsas, sino que afectan gravemente el desempeño de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), quienes desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del estatus sanitario nacional, esencial para garantizar la inocuidad alimentaria y la salud animal en Uruguay. La Afgap solicitó una retractación pública por parte de Botana, ya que considera que sus palabras atentan contra el cumplimiento de los cometidos del MGAP.
Por otro lado, el PIT-CNT también se pronunció en contra de las declaraciones de Botana, advirtiendo que estas son infundadas y no reflejan la realidad. El sindicato señaló que las políticas de fiscalización y control son determinadas por las altas jerarquías y autoridades del gobierno, y que los trabajadores del sector público enfrentan dificultades debido a la falta de personal y los recortes presupuestarios implementados por el actual gobierno. Además, el PIT-CNT rechazó que Botana responsabilizara a los funcionarios públicos de los problemas derivados de la gestión estatal, exigiendo también una retractación pública de sus expresiones.
Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso con el bienestar de la sociedad y solicitaron respeto hacia el trabajo de los funcionarios públicos, subrayando que las palabras del senador atentan contra el trabajo y la dignidad de aquellos que velan por el cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos ciudadanos.
