El edil aseguró que el dictamen confirma una falta administrativa y sostuvo que el caso vinculado a Nicolás Gramajo presenta “apariencia delictiva”
El edil Pablo Guarino se mostró reconfortado con el informe emitido por el Tribunal de Cuentas, al considerar que respalda los argumentos que oportunamente planteó la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental.
Durante su intervención en el Legislativo, Guarino afirmó que el dictamen “le da la razón al Frente Amplio en todo este proceso”, al tiempo que contradice los argumentos que habían sido sostenidos por la Dirección Jurídica de la Intendencia y por el propio intendente Christian Morel en una conferencia de prensa anterior. En ese marco, sostuvo que quedó claro que el funcionario involucrado “era funcionario del gobierno departamental, tenía legajo, cobraba su sueldo de la Intendencia y su empresa le vendió a su propio empleador”.
El coordinador de la bancada de izquierda subrayó que, a partir de lo señalado por el órgano de contralor y con base en el artículo 46 del TOCAF, “existió objetivamente una falta administrativa”, por lo que ahora corresponderá analizar la gravedad de la conducta y la eventual sanción. A su entender, hay elementos que no llegaron al Tribunal de Cuentas y que deberán ser evaluados en otras instancias, entre ellas la JUTEP.
Guarino fue más allá al señalar que los hechos que involucran a Nicolás Gramajo “tienen por lo menos apariencia delictiva”. En su exposición, vinculó la cooperación entre los municipios de Río Branco y Plácido Rosas con acuerdos políticos previos a las elecciones, señalando que las obras ejecutadas en ese período se realizaron con materiales comprados a la empresa del propio director de Obras del municipio de Río Branco. En ese sentido, ironizó al afirmar que “salió redondito”, al describir cómo ese entramado político y administrativo derivó luego en cargos de relevancia tras el triunfo electoral.
El edil remarcó que la investigación realizada por la bancada fue “muy seria” y que existen pruebas que demuestran la participación directa del funcionario en el proceso de compra y ejecución de obras. Aclaró que no le corresponde a la Junta determinar si hubo delito, ya que eso es competencia de la Justicia, pero enfatizó que el rol de los ediles es “vigilar y controlar” y, ante la existencia de posibles irregularidades o hechos con apariencia penal, denunciarlos.
Finalmente, Guarino fue categórico al cerrar su intervención asegurando que “no nos arrepentimos de nada” y reiterando que el informe del Tribunal de Cuentas “nos está dando absolutamente la razón”.
