Con gusto a poco
Las últimas medidas anunciadas por el gobierno constituyen uno de los temas más importantes de los últimos días. Sin embargo, para el Frente Amplio, han llegado tarde y son insuficientes.
Las últimas medidas anunciadas por el gobierno constituyen uno de los temas de información pública más importantes de los últimos días. Y la primera inquietud que surge refiere al patrón de referencia para evaluarlas. La influencia de la pandemia es una posibilidad ineludible al respecto. Pero también deben serlo las diferentes visiones del gobierno y la oposición, y en particular sus contenidos ideológicos. Intentemos una síntesis de las diferentes evaluaciones que derivan de estos orígenes.
Para el Frente Amplio, estas medidas tienen, en general, una orientación compartible, aunque han llegado tarde y son insuficientes. No puedo comentar estos conceptos sin una evaluación general de los efectos de la pandemia y la respuesta del gobierno. Es que los efectos del virus han sido devastadores y ello se verifica en todas las áreas relevantes de la sociedad: la economía, la política, la salud, la educación, la seguridad pública. Todo sumado, esto ha traído como consecuencia un deterioro profundo en las condiciones de vida de la población, especialmente la más humilde e indefensa. Se generó una pérdida relevante de puestos de trabajo y un aumento notable de la pobreza.
En general, el gobierno recurrió al apoyo de la ciencia, algunas restricciones a la movilidad y determinadas – así como tímidas – decisiones tendientes a compensar los impactos negativos de la pandemia en la sociedad. Sobre estas bases, recogió buenos resultados sanitarios y apoyos significativos de una alta proporción de la sociedad.
Desgraciadamente, esta fase fue seguida por un agravamiento notorio de los resultados referidos y la necesidad impostergable de que el gobierno lo asumiera y actuara en consecuencia. En ese escenario es que se inscriben las medidas y las actitudes más recientes, que incluyen un plan de vacunación que ha venido operando en general con eficacia – no obstante la demora en su comienzo – medidas referidas a la movilidad de la población basadas en el concepto de libertad responsable, que omiten conceptos a mi juicio indispensables a la luz de los resultados que se han venido recogiendo en los últimos tiempos, y un nuevo conjunto de decisiones que procuran atenuar o compensar las consecuencias del combate al virus sobre el mundo del trabajo y la sociedad concebida en su conjunto.
Y es procurando una mirada global y sintetizadora que surgen los conceptos que conducen a evaluar la acción actual del gobierno como recorriendo un camino compartible aunque tardío e insuficiente. Veamos. La vacunación y las restricciones a la movilidad resultan indiscutiblemente necesarias hoy en el país. Sin embargo, la demora en el comienzo de la vacunación, luego seguida por un funcionamiento eficiente de su aplicación, no pueden ser ignorados. Y en cuanto a las restricciones a la movilidad su calificación como insuficientes también tiene fundamentos sólidos.
Dos ejemplos bastan al respecto. La tolerancia de bares y locales gastronómicos en horas de la noche conspira claramente con la moderación en la movilidad. Por otra parte, la precariedad del control en la frontera con Brasil constituye otra ausencia relevante al respecto.
Aprovecho esta referencia para señalar la debilidad – derivada de su falsedad – de la argumentación a favor de la situación vigente, basada en el concepto de libertad responsable. Estamos de acuerdo totalmente con la promoción de conductas colectivas coherentes con el combate a la pandemia y la importancia crucial de las mismas en orden a mejorar los resultados de tal combate. Pero no podemos aceptar que se confunda a la gente señalando que los límites a la movilidad como los señalados antes sean propios de un “Estado policíaco” o tengan la naturaleza de “medidas prontas de seguridad”.
No hay una sola manera de entender y ejercer la libertad responsable. Es inaceptable que se sostenga que algunas restricciones a la movilidad la convierten en autoritaria. Tan inaceptable como endilgarle esta calificación a quienes han elaborado y puesto en práctica acciones contra las aglomeraciones.
En cuanto a las medidas más importantes que tienen una más estrecha vinculación con el mundo del trabajo y la sociedad concebida en su conjunto, incluyen diversos estímulos tributarios, alivios tarifarios y subsidios. Entre los primeros, se destaca la exoneración entre enero y junio de aportes patronales al BPS que se destina a sectores que el gobierno ha definido como los más afectados por la pandemia y por las medidas que el propio gobierno puso en práctica meses atrás para encarar ese perjuicio. En materia tarifaria habría que destacar una exoneración parcial de los cargos fijos de algunas tarifas de UTE y ANTEL, a aplicar en los sectores que el gobierno ha incluido entre los más perjudicados. Los subsidios refieren a monotributistas del MIDES, que carecen de ayuda alguna y a trabajadores informales.
Todo sumado se anunció un aumento de 360 millones de dólares, incrementando así de 540 a 900 millones de dólares el Fondo Coronavirus. Sin embargo, no debe entenderse que el monto de 360 millones de dólares es el costo fiscal de las medidas comentadas antes, ya que no fue dado a conocer. De todas maneras, el volumen que alcanzaría dicho fondo en todo el año 2021, no sólo incluye los gastos ocasionados por las acciones en el campo sanitario, sino también la reducción en la recaudación del BPS correspondiente a los trabajadores cubiertos en los seguros de paro y de enfermedad. Al considerar en su conjunto la conducta del gobierno previa a las decisiones implícitas en las recientes medidas, es que sintetizamos la opinión desde la visión de la oposición en los conceptos de orientación compartible, conducta tardía en insuficiencia del contenido.
Decir que desde la visión del gobierno se discrepa con esta opinión es una obviedad. Pero importa tener en cuenta las razones de la discrepancia. Y ellas remiten inexorablemente a las bases de tal visión, que es lo mismo que referir a su contenido ideológico. Ese que – entre otras características – propone reducir al máximo posible el papel del Estado y manejar la herramienta fiscal, ancla de la política económica, con una metodología que recorta en gran medida su influencia para asegurar crecimiento inclusivo, apertura de la economía y apuesta a la calidad con una perspectiva de largo plazo.
Es por esta razón que el gobierno no sólo considera que no llegó tarde con las medidas, sino que éstas son suficientes. Con ese mismo fundamento no incluye entre ellas un importante plan público de infraestructura que promueva las necesarias capacidades física y humana que requiere el país para mejorar su capacidad de recuperación, ni fortalece algunas de las restricciones a la movilidad que tan necesarias son a la luz de los indicadores actuales sobre el curso de la pandemia. Es que para todo ello es preciso gastar más, o no proponerse ahorros que resultan caros, y las prioridades del gobierno van en sentido contrario.
Quiero incluir un comentario final que es pertinente tomando en cuenta las últimas decisiones del gobierno. Me refiero a los pasos dados con el objetivo de flexibilizar al MERCOSUR. Aunque el verbo utilizado no es preciso para ilustrar la finalidad perseguida, parto de la base que refiere al cúmulo de restricciones arancelarias y no arancelarias que aún persisten, a las dificultades de funcionamiento de la unión aduanera y a las posibilidades de realizar acuerdos con otros países o bloques comerciales. Quiero señalar que comparto totalmente la intención y lo hago desde el enfoque del regionalismo abierto, que nos llevaría a militar fuertemente en contra de las restricciones arancelarias y no arancelarias, a definir una protección moderada con respecto a otros países y bloques – reduciendo un arancel externo común que hace 24 años que no se modifica – y a la posibilidad de realizar acuerdos fuera del MERCOSUR.
La superación de las dificultades internas – y en particular las restricciones ya mencionadas tendrían que apoyarse en el fortalecimiento de la supranacionalidad institucional de nuestro colectivo, entre otras cosas para asegurar el cumplimiento de las decisiones que se tomen.
No soy optimista en cuanto a las gestiones del gobierno uruguayo. Las asimetrías juegan contra nosotros. Argentina y Brasil – aunque desde este último se proclamen apegos a la posición uruguaya – seguirán siendo obstáculos para nuestro país, incluyendo la posibilidad de un cambio en la calidad de la membresía uruguaya que suponga la asociación en lugar de la pertenencia como miembro pleno.
Lamentablemente, al menos en el escenario actual, las opciones son el fracaso de las pretensiones de cambio y la continuidad del mediocre funcionamiento actual, o la ruptura del acuerdo, que es lo peor que nos podría pasar.
