Economía y Covid: actitudes bien diferentes

Escribe Sergio Botana

Lo trascendente no es si Uruguay incrementó su gasto del PBI, lo que debe apreciarse es que un país pequeño, con economía de pequeña escala, sin potencia política en el concierto mundial, tomador de decisiones y consecuencias, ha sido capaz de sostener todos sus sistemas de cobertura e incrementarlos

El COVID-19 nos llegó a todos como una cruel sorpresa. Nos agarró sin recetas. Nadie tuvo tiempo previo de diseñar respuestas. Nadie tenía a quien preguntarle ni a quien mirar. No había una respuesta de izquierda y una de derecha. Pero las hubo. Las hubo de izquierda, de derecha y de los libres. Cada quien respondió a la demanda a su modo. Reaccionó en función de su formación, de la apertura mental y de la sensibilidad espiritual que Dios le hubiera regalado. Hubo gente que actuó con la firmeza que da la libertad y también la responsabilidad de ser el obligado a conducir por mandato popular devenido en institucional. Otros con el desconcierto nacido de no tener la costumbre de decidir con cabeza propia y no tener a quien copiarle. Empezaron a tirar tiros para arriba y agotaron el cargador. Todavía no consiguen encontrar el rumbo ni la actitud. A Dios gracias, la Patria tuvo quien se hiciera cargo.

El miedo nos unió como siempre unen las amenazas. Hubo apoyo de todos a los caminos elegidos por los responsables del gobierno, que después supimos que eran caminos sabios. Duró poco. Cuando sintieron la seguridad se les subió la envidia. Dejó de importar que al Uruguay le fuera bien. Necesitaban que a ellos les fuera bien. Tenían que marcar posicionamiento. No podían resistir a la tentación de marcar la discrepancia, el error o la invitación diabólica a tirar cuanto recurso existiera hoy para que no hubiera con qué responder mañana.

No había pasado una decena de días cuando lanzaron al viento la propuesta de la renta universal. A cada ciudadano un salario mínimo durante 3 meses. Cuando se les hizo ver la magnitud de la erogación, aclararon que referían al líquido del salario mínimo y que pensaban descontar las transferencias reforzadas que ya recibían las familias por disposición del gobierno. Los 400.000 indigentes que ellos denunciaron que tenía el país deberían recibir esta renta pero no costaría entre 360 y 400 millones de dólares como calculábamos nosotros sino 258 millones de dólares en el trimestre. Ahora no hablan más de la propuesta. La ayuda se hubiera terminado en junio del año pasado y todo estaría igual, a no ser que se le hubiere dado continuidad y ya llevaríamos 1000 millones de dólares transferidos y no vemos todavía el final de una crisis que se va a extender bastante más allá de la vacunación.

En esos mismos días elevaron su protesta por la actualización de las tarifas que de modo artero no habían cumplido con realizar en los plazos en que se hacen cada año. La no actualización significaba una diferencia de ingresos del orden de los 20.000 millones de pesos. Casi 500 millones de dólares que de algún lado salen. Pero lo peor, que se reparten favoreciendo más al rico que al pobre. El rico es el que más consume por lo que será el más beneficiado si se decreta un congelamiento de precios hecho al barrer. Por decir algo simpático, pero que ya no engaña a nadie, estaban dispuestos a ir en contra del sagrado objetivo de la búsqueda de la igualdad. En oportunidad de la presente actualización volvieron a la misma propuesta. Tuvieron la misma responsable respuesta.

Nos tocó ver otros hechos reafirmatorios de la actitud de enfrentamiento. Nadie podrá olvidar la convocatoria al cacerolazo cuando transcurrían apenas días de llegada la pandemia, ni tampoco las posteriores rebeliones frente a la solicitud por parte del gobierno de la aplicación del artículo que prevé restricciones a la libertad ambulatoria con el objetivo de cuidar la salud general de la población. Vimos allí convocatorias a manifestaciones masivas sin cuidado mínimo de las medidas precautorias recomendadas. También asistimos al triste espectáculo de las convocatorias a las tamborileadas en las plazas, de modo simultaneo y con el objetivo indisimulado de provocar la reacción policial. Querían desestabilizar. Pero lo peor, querían enfermar. Hablaban de cuidar al que necesita ganarse el pan con su trabajo de cada día, y con su actitud querían dejarle sin armas. Si enfermaba él, no iba a poder salir a ganarse el pan. Si enfermaba su cliente tampoco lo podría ir a ver. Las medidas fueron un atentado contra el nivel de actividad de la economía, y concretamente contra los pobres sin protección sindical.

Han exhibido una incoherente coherencia. Coherentes en el objetivo de lastimar. Incoherentes en la propuesta. De primera pidieron confinamiento obligatorio. Querían toque de queda. El objetivo subyacente era el de provocar la caída de la economía a través de la absoluta pérdida de la movilidad. No les salió bien. El gobierno confió en la responsabilidad de la gente y no impuso restricción de la movilidad. La propia gente se cuidó entre sí. El ejercicio de la libertad responsable iniciado por el Uruguay se transformó en modelo universal. No les gustó. En vez de sentir el pecho henchido de orgullo nacional, se avergonzaron de su ineficacia para dañar. Se olvidaron de sus mensajes de encierro obligatorio para todos y apelaron a la movilización irresponsable para dañar. Al amparo de la ley, el gobierno bajó la movilidad transfronteriza e hizo recomendaciones de cuidado en el número y prácticas de las reuniones. Se consiguió mantener en términos controlados la aceleración exponencial de los contagios. Otra vez la responsabilidad de un pueblo libre le ganó al mandato político de mala fe.

Desde el comienzo de la pandemia el gobierno cuidó a la gente de modo integral. Su salud física y mental, su vida social y sus economías. Sin medidas grandilocuentes. Aplazó impuestos, dio préstamos a las unipersonales, creó seguros parciales, exoneró aportes patronales, reforzó transferencias. Ha estado siempre presente. La política fue marcada por la frase de la Ministra Arbeleche: “Mantener encendidos los motores de la economía”. Eso se ha hecho. Cada solución ha venido llegando. Al momento de la necesidad o con rezago de un mes. Las soluciones aparecen. Aparecen porque el gobierno se cuidó de tener con qué.

Ahora llegan cuestionamientos de unos y aportes de otros. El gobierno dispuso en el orden de los 1200 millones de dólares para financiar el daño del COVID. Se señala, en base a un tecnicismo crítico que 500 de esos millones aún no son gasto. Que son gasto contingente. Es cierto. También es cierto que esos 500 millones puestos como garantía de créditos movilizaron una cantidad de recursos muy superior, por lo que la inteligencia mejoró sustantivamente el aporte. Las empresas recibieron más y salvaron más en términos de caída en el nivel de actividad. Sostuvieron más empleo y más nivel de actividad. Si el Estado no gasta esa plata mejor. Lo que importa es que el recurso estuvo. Que el empleo no se perdió. Que la empresa no cerró. Que ese consumo se mantuvo. Hubo eficiencia en la aplicación del recurso. Concepto difícil de entender para los que miden al gasto por su tamaño y no por sus logros.

El Uruguay no es comparable con países que no presentan sistemas de cobertura social similares a los nuestros. Por supuesto que hay naciones que tuvieron que gastar mucho más. Igual siguen estando peor. Es que no tienen redes de contención permanentes como las que ostenta nuestro país. Quiero que me señalen quién presenta un sistema de previsión social como el nuestro, qué país tiene un sistema de salud como el nuestro, cuál exhibe un similar porcentaje de funcionarios sobre el total de la población. Tal vez alguno tenga, mandato del Foro de San Pablo mediante, algún nivel parecido de transferencias asistenciales directas. Quiero que me muestren qué país tiene una oferta educativa del nivel y extensión de la que mantiene el Uruguay en todos sus niveles. Sería bueno ver esos números en función del Producto de cada país y en la comparación internacional. Lo trascendente no es si Uruguay incrementó su gasto en 1,3 % del PBI o en 2,3% del PBI, y si eso es mucho o poco en comparación a otros. Lo que debe apreciarse es que un país pequeño como el Uruguay, con economía de pequeña escala, sin potencia política en el concierto mundial, tomador de decisiones y consecuencias, ha sido capaz de sostener todos sus sistemas de cobertura y de incrementarlos, a pesar de que recaudó 2000 millones de dólares menos a través de la DGI. Lo otro que debe pesar es de que no ha desamparado a ningún uruguayo en la tormenta.
Incluyendo MSP, ASSE, Hospital Policial, Hospital Militar y transferencias al FONASA por déficit el Uruguay aporta en Gasto en Salud en el orden del 4% del PBI. En Protección y Seguridad Social el Uruguay gasta más de la cuarta parte del Presupuesto, lo que es el 8% del PBI. En Protección Social incluimos Programas transversales de desarrollo social, red de asistencia e integración social, Sistema de Cuidados-Protección Social (1,2% del PBI sólo en eso). En Seguridad Social incluimos las transferencias con ese objeto, las que alcanzan al 6,8% del PBI. Si agregamos las transferencias del MIDES estaremos agregando 0,3% del PBI. Las asignaciones familiares ascienden a 7.200 millones de pesos. Todo este Gasto es previo a la pandemia. Es lo que viene desde siempre. Es de lo que hablamos nosotros. De un 1% más o menos es de lo que habla el FA. No incluimos en nuestro comentario ni el 9% del PBI que significan los gastos con funcionarios, ya sea en retribuciones, cargas legales y prestaciones sociales ni los gastos en esa preciosa red de contención social que es nuestro sistema educativo público, o lo destinado a la Cultura y el Deporte, más de 100 mil millones de pesos y más de 3000 respectivamente en 2020. Tampoco se midió en números, la incidencia de la acción de los gobiernos municipales y departamentales. La más formidable y oportuna red de contención social con comedores, policlínicas, telemedicina, ambulancias, médicos, distribución de medicamentos, soluciones sanitarias, cuidado bromatológico y de higiene, cuidado del transporte público, regulación de la movilidad, esparcimiento, deporte, cultura, transporte escolar, mantenimiento edilicio de escuelas y hospitales, control de aglomeraciones y toda la emergencia. Afuera de estos números están la OSE con su rol ambiental y sanitario. La UTE con lo que aporta al bienestar o Antel y su papel social para bajar la movilidad y mantener el trabajo y la educación. Tampoco están los números de 2 actores relevantes como los son el ejército y la policía, que están para todo. Que alguien me explique el motivo por qué no valoran ese redireccionamiento y concentración de recursos y esfuerzos para la pandemia. Hay que poner estos números encima de la mesa también. Costos hundidos dirán. Aportes que el gobierno hizo llegar al ciudadano, respondemos. Alguien dirá si es pura miopía o es pura mala fe no tener en cuenta estos esfuerzos.

El gobierno se cuidó de tener recursos para cuando fueran necesarios. Ahora que está a la vista el final de la crisis sanitaria es momento de acelerar el gasto. Habrá que gastar con 2 objetivos, el primero la atención de los más vulnerables. El otro, la aceleración de la recuperación. Los pequeños emprendedores de este país ya se comieron sus siempre escasas reservas, ya se tomaron todo el crédito bancario, se consumieron el crédito con proveedores que tampoco resisten más y vieron irse sus existencias de materias primas y mercaderías. La extensión de la pandemia los fue desgastando al extremo. El sacrificio público debe hacer el salvataje. En cuanto al objetivo de acelerar la recuperación, deberíamos concentrarnos en anticipar inversiones de modo selectivo. Hacer primero y rápido aquellas que son generadoras de mano de obra en el proceso constructivo, y aquellas que movilizan el empleo a futuro. Por supuesto, las que promueven la inversión privada mediante el apalancamiento estatal, como es el caso de la propuesta para la construcción de viviendas. El otro gasto debería dirigirse a la mejora de la competitividad de costos de la economía. Mayor alivio en las cargas sociales de las empresas, decisiones rápidas para la baja de los combustibles, eliminación de tarifas comerciales de las empresas públicas, reducción aún mayor del costo de la energía para la producción. Seguramente las propuestas de los socios vendrán por ese mismo lado. No sería bueno acostumbrarnos al gasto en vez del trabajo. La reactivación por la vía del consumo nunca termina bien en economías como las nuestras, pequeñas, abiertas, dependientes. Hay que ayudar a la recuperación, no a la posposición de la crisis.