Buscan reducir la siniestralidad vial, mejorar el nivel de cumplimiento y acompañar los cambios con campañas de concientización
En Montevideo se desarrolló la 10ª sesión plenaria del Congreso de Intendentes, instancia en la que se resolvió conformar un equipo de trabajo para elaborar una propuesta de readecuación del sistema de multas de tránsito, con especial atención en las infracciones por exceso de velocidad.
Durante la jornada, el plenario recibió a representantes de la Junta Nacional de Drogas, encabezados por su secretario general Gabriel Rossi, y al Directorio de Antel, presidido por Alejandro Paz. En ambos casos se subrayó la importancia de profundizar la articulación con las intendencias para ampliar el alcance de las políticas públicas.
Tras analizar el estado actual de las infracciones y los niveles de morosidad, el Congreso resolvió encomendar a un grupo de intendentes y asesores la elaboración de un documento que proponga ajustes al régimen sancionatorio. En rueda de prensa, el presidente del organismo e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, explicó que el objetivo central es “mejorar la siniestralidad”, remarcando que “en el tránsito los errores no se miden en plata, se miden en vidas”.
Olivera sostuvo que se busca “readecuar valores para que sean pagables al bolsillo de un trabajador, pero que persigan el fin de mejorar la forma en que manejamos los uruguayos”, aclarando que la sanción debe impactar en la conducta y no transformarse en un mero trámite administrativo. En paralelo, anunció que el Congreso impulsará una campaña nacional de seguridad vial para complementar las eventuales modificaciones.
Uno de los puntos que motivó el debate es el alto nivel de morosidad, que en promedio ronda el 70% en varios departamentos. Según se indicó, esta situación se agravó cuando el pago de multas se desvinculó del pago de la patente, medida que luego fue parcialmente revertida con la reinstalación de la obligatoriedad y la aplicación de bonificaciones para regularizar deudas.
La comisión especial estará integrada por los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Richard Sander (Rivera), Felipe Algorta (Durazno) y el propio Olivera. El grupo analizará el proyecto de ley presentado en el Parlamento para reducir las multas por exceso de velocidad y un informe técnico del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, que detalla la evolución de la recaudación y el incumplimiento.
Desde Canelones, Legnani aportó que la morosidad en multas alcanza el 40%, frente a un 15% en la patente, y señaló que la recaudación por sanciones representa menos del 3% del presupuesto departamental. En tanto, datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial muestran que en zonas con radares se redujeron un 17,4% los lesionados y un 52,9% los fallecidos, lo que refuerza el valor de la fiscalización.
No obstante, desde la Unasev su presidente Marcelo Metediera expresó reparos a una eventual rebaja de multas, advirtiendo que “bajar sanciones puede ser simpático desde lo político, pero no salva vidas”, y llamó a sostener políticas integrales de educación, control y sanción efectiva.
El informe final de la comisión será presentado el próximo 17 de marzo y servirá de base para que el Congreso de Intendentes adopte una posición institucional ante el Parlamento, en un debate que busca equilibrar sanción, cumplimiento y prevención vial.
