Escribe el senador FA Danilo Astori
Se nos ha informado que se ha realizado un ajuste de gastos equivalente a alrededor de 660 millones de dólares; sería bueno conocer los detalles de los recortes de gastos realizados y los efectos que se esperan al respecto a corto y mediano plazo
Nos medirán por la inflación y el resultado fiscal: recordada frase de la Ministra de Economía y Finanzas a la que he aludido más de una vez como parte del análisis de la política económica del gobierno. Su reciente presentación acerca de nuestra situación económica y sus perspectivas no hacen más que confirmar la visión ideológica en la que descansa su postura. Hoy quisiera poner la lupa en la misma postura y procurar desentrañar las implicancias que encierra.
Para comenzar ¿esa aseveración quiere decir que los demás efectos y resultados de la política económica no importan, o quizá, tienen menor relevancia? Se supone que otras variables del área económica son de fundamental relevancia para evaluar la actuación de un gobierno en dicha área. Basta pensar en la producción, el empleo, el consumo, la inversión, las exportaciones – como parte de la inserción internacional del país – la gestación y la adopción de tecnología de avanzada y unos cuantos ejemplos más al respecto.
Ligada a la anterior, una segunda interrogante que plantea la afirmación inicial es la siguiente: además de ser las dos variables más relevantes para la “medición” de los resultados de la política económica ¿la frase pone el acento en la expresión cuantitativa de la inflación y el resultado fiscal, o – aun sin decirlo – en los efectos que generan los niveles alcanzados por estas variables, precisamente sobre el comportamiento de los aspectos ignorados?
Las respuestas a las dos interrogantes planteadas precedentemente explican buena parte de los resultados que se vienen alcanzando en los terrenos omitidos por la consigna principal. Es que alcanzar niveles bajos de resultado fiscal y de inflación no significa necesariamente que se incrementará el ritmo de la actividad productiva, crecerá el empleo, mejorarán las relaciones con el exterior y – en particular – se fortalecerá la inclusión y el acceso de la población a mejores condiciones de vida, especialmente en el caso de los más humildes. El mundo en términos generales y específicamente varios países de América Latina demuestran todo lo contrario: inflación y resultado fiscal mejores que los que registra
Uruguay y – simultáneamente – fuertes caídas de la producción, la inversión y el empleo.
Naturalmente, cualquier evaluación seria de los resultados de la política económica deberá tener en cuenta todos estos aspectos y no sólo el resultado fiscal y la inflación. Y tendrá que ocupar un lugar especial en ese ejercicio, la preocupante pandemia que ha afectado duramente a nuestra economía y a la sociedad en su conjunto, dificultando notoriamente la conducción económica del país.
Pero tengo la impresión de que la definición oficial que encabeza esta nota se hubiera mantenido aún en la ausencia de este castigo que venimos sufriendo. Es que tal definición está por encima de ese castigo. Es parte de la visión y el rumbo que el gobierno adoptó desde el comienzo de su gestión. Y es por eso que no puede caber ninguna duda de que desde la oposición evaluaremos los resultados de la política económica sin limitarnos al resultado fiscal y el nivel de la inflación. Tendremos que incluir los aspectos ignorados en la concepción del gobierno y analizar los efectos que generaron los elegidos como patrones de la medición. La ocasión de esta reflexión también es propicia para abordar un par de muletillas oficiales utilizadas reiteradamente como parte del debate sobre política económica, que – en realidad – son utilizadas para evitarlo.
Una de ellas consiste en acusar a la oposición de que durante el desempeño de sus gobiernos y en las propuestas alternativas que ahora realiza apela a recursos de la población para financiar gastos con los que el gobierno discrepa. Se ha llegado a emplear la expresión “plata ajena” para identificar a los recursos referidos. Es como tipificar al gasto público como malversación de fondos.
Los gobiernos obtienen principalmente sus recursos por la vía de la carga tributaria, la prestación de servicios públicos y el endeudamiento. En un país democrático, las tres vías están reguladas por normas que los poderes del estado han elaborado y puesto en práctica a partir del mandato que la ciudadanía formalizó en las elecciones.
De esta manera, afirmar que se utilizaron – y además se propone ahora utilizar – “recursos de la gente” es sostener que la recaudación de recursos públicos no modifico la propiedad original de los mismos. Se podrá estar o no de acuerdo con las vías de recaudación o con el objeto del gasto, pero no se puede ignorar el carácter público y colectivo de los recursos obtenidos, ni la autorización formal y política que las normas en vigencia otorgan para disponer las correspondientes erogaciones.
Y otra de las muletillas oficiales a las que se apela cuando la oposición realiza una propuesta alternativa a la conducción oficial, es la de preguntarnos por qué no lo hicimos cuando estábamos en el gobierno. No necesito decir que es esta una de las mejores demostraciones de lo que es una actitud dogmática, entendiendo por tal, la que – entre otras cosas – ignora la realidad social y especialmente los cambios que va experimentando con el transcurso del tiempo como consecuencia de conductas políticas endógenas y exógenas.
En otras palabras, aunque el escenario en el que se está actuando lo esté demandando, el dogma – apoyado en una visión ideológica distinta – opta por descalificar a quienes, percibiendo esa demanda, sugieren atenderla, a diferencia de lo que ocurrió en otras situaciones en las que la realidad lo desaconsejaba. La acción política es un flujo constante, con factores y actores cambiantes, con permanencias y alteraciones, con acciones que admiten control y con otras que no pueden ser corregidas por quienes han asumido la responsabilidad de gobernar.
Desconocer estos atributos es apelar al dogma. Al que está por encima de los cambios de la realidad; al que hace decir a la Ministra que se ha gastado 2.3 por ciento del producto bruto interno como consecuencia de la pandemia, cifra a la que llega incluyendo el volumen de garantía referente a los apoyos crediticios recibidos por el sector empresarial; al que también conduce a mencionar una pérdida de recaudación de casi 4 puntos del producto sin explicar su origen y su contenido; al que la lleva a opinar sobre la evolución futura de la pandemia para fundamentar la conducción económica oficial cuando, en realidad, desconocemos esa evolución – y mucho más sus detalles – lo que nos limita en el diseño de las acciones políticas a poner en práctica; al que a pesar de esta limitación, se recurre para hacer de Uruguay un país que apuesta al ahorro en circunstancias que significan una delicada y preocupante situación sanitaria; al que propone una reducción de 1.7 por ciento del producto en el resultado del gobierno central y el Banco de Previsión Social, como si el flagelo que nos está hiriendo profundamente no existiera.
Se nos ha informado de que se ha realizado un ajuste de gastos equivalente a alrededor de 660 millones de dólares, correspondiendo 380 al ámbito del gobierno central y 280 al de las empresas públicas. Además de que este hecho no puede ni debe ser objeto de jactancia, dada la complejidad que exhibe nuestra realidad, sería bueno conocer los detalles de los recortes de gastos realizados y los efectos que se esperan al respecto a corto y a mediano plazo.
Sobre perspectivas de futuro, la presentación del equipo del Ministerio de Economía nos dejó poco y nada. Pero no quisiera terminar esta nota sin manifestar mi total acuerdo con la propuesta de elaborar y llevar a la práctica un ambicioso plan de infraestructura que, al parecer, surgió de algunos sectores próximos al gobierno y resulto claramente eludido en dicha presentación. El efecto que un plan de este tipo podría generar sobre la producción, el empleo, los ingresos – particularmente los de los más necesitados – y, en general, la capacidad física del país, provocaría un sacudón extraordinariamente positivo en una economía y una sociedad que hoy tienen sobrados motivos para la depresión.
La Ministra de Economía y Finanzas nos ha hecho saber que no tiene aspiraciones presidenciales. A la luz del interés nacional se trata de una sabia decisión.
