La Mesa Política de Cerro Largo exigió al intendente departamental que cumpla con la normativa y separe del cargo a Nicolás Gramajo, señalado por presuntas irregularidades administrativas.
La Mesa Política del Frente Amplio de Cerro Largo realizó una conferencia de prensa en la que reclamó al intendente Christian Morel la destitución del Director de Obras, Nicolás Gramajo, tras conocerse observaciones del Tribunal de Cuentas a facturas emitidas por una empresa vinculada al jerarca.
Según la información oficial, el monto total de las 12 facturas emitidas por la empresa asciende a $2.123.810, correspondientes a operaciones registradas entre el 9 de mayo de 2023 y el 18 de diciembre de 2024.
El Tribunal de Cuentas observó siete de esas facturas por incumplimientos a los artículos 33 y 43 del TOCAF, que regulan los procedimientos de licitación y prohíben el fraccionamiento del gasto.
Daniel Aquino: “El Intendente tiene que hacer cumplir la norma”
El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio, Daniel Aquino, afirmó que el intendente debe “cumplir con la norma y destituir al Director de Obras”, ya que —según señaló— se trata de una irregularidad administrativa grave.
“Acá lo que está en juego es la transparencia”, enfatizó Aquino, señalando que la normativa vigente prohíbe expresamente que funcionarios públicos sean titulares de empresas contratistas de organismos del mismo gobierno departamental.
Aquino explicó que el Frente Amplio consultó a tres juristas, cuyos informes coinciden en que se configuró una falta a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal N.º 9515.
“Los tres informes concluyen la existencia de violación al artículo 41 de la Ley 9515, que prohíbe a los funcionarios contratar con el mismo gobierno departamental”, indicó.
El dirigente subrayó que no existe ningún régimen especial que permita a los funcionarios del Municipio de Río Branco operar con la Intendencia o con otros municipios.
“La finalidad de esta norma es evitar el aprovechamiento o mezcla entre cargos públicos e intereses privados. Ante una irregularidad de este tipo, la sanción es la destitución inmediata, y esa responsabilidad es del intendente”, sostuvo.
Eliana Díaz: “Nunca se autorizó a este funcionario a operar con la Intendencia”
La edil frenteamplista Eliana Díaz recordó que la bancada del Frente Amplio presentó dos pedidos de informes sobre este caso: uno dirigido a la Intendencia y otro a la Junta Departamental.
“Solicitamos que se nos proporcionaran las facturas de la empresa del funcionario que hubiera operado con la Intendencia, y también si contaba con autorización de la Junta, como exige el artículo 41 de la Ley 9515”, explicó.
Díaz detalló que la respuesta de la Intendencia confirmó la existencia de 12 facturas vinculadas a la empresa del funcionario, quien se desempeñaba en el Municipio de Río Branco desde 2015.
Asimismo, la edil informó que la Junta Departamental respondió que nunca otorgó autorización a ese funcionario para realizar operaciones comerciales con la Intendencia.
“Tal como lo presumíamos, no hubo autorización alguna. Eso confirma la irregularidad administrativa y la falta de transparencia en este proceso”, remarcó.
Pablo Guarino: “Siete de las doce compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas”
El edil Pablo Guarino brindó detalles técnicos sobre las facturas observadas.
“Fueron 12 facturas emitidas entre mayo de 2023 y diciembre de 2024 por un total de 2.123.810 pesos. Siete de ellas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por incumplir los artículos 33 y 43 del TOCAF”, indicó.
Guarino agregó que las compras fueron realizadas por el Municipio de Plácido Rosas, pero varias de las obras fueron ejecutadas con personal del Municipio de Río Branco, a cargo del propio Gramajo.
“Esto deja sin sustento el argumento del Intendente, cuando dijo que el funcionario podía vender porque no intervenía en el proceso. Las obras fueron ejecutadas por el mismo jerarca que proveía los materiales”, subrayó el edil.
Guarino también confirmó que existe una factura adicional emitida directamente a la Intendencia de Cerro Largo por $19.000, la única que no fue abonada.
“El problema de fondo es que un funcionario departamental, encargado de Obras, le vendía materiales al propio gobierno para el que trabaja. Eso vulnera principios básicos de la función pública”, concluyó.
