Estafa con falsa cooperativa dejó 17 damnificados en Melo

Una mujer de 44 años fue formalizada y deberá reparar a 17 damnificados por $ 205.100.

Una referente del Partido Nacional fue formalizada por la presunta comisión de un delito continuado de estafa. La Justicia dispuso la suspensión condicional del proceso por cuatro meses y la reparación económica de $ 205.100 a las víctimas.

Una supuesta propuesta de acceso a una vivienda terminó en una investigación por estafa en Melo, luego de que 17 personas denunciaran haber entregado dinero para incorporarse a una cooperativa habitacional que nunca llegó a funcionar como tal.

La investigada es una mujer de 44 años, referente de la agrupación nacionalista Pisando Fuerte, identificada con la lista 1009, que integró el sublema Azul y Blanca y respaldó la candidatura departamental de José Yurramendi.



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Según las actuaciones policiales, la convocatoria comenzó en junio de este año mediante una publicación en Facebook, en la que se invitaba a interesados a participar de un proyecto habitacional. Para incorporarse se solicitaba un aporte inicial de $ 4.000, una cuota mensual de $ 500 y la colaboración en actividades de recaudación, como rifas, bingos y venta de alimentos.

Sin embargo, la investigación permitió establecer que los aportes ingresaban a una cuenta bancaria personal de la organizadora y eran utilizados con fines particulares. Además, cuando algunos participantes comenzaron a reclamar información sobre el destino del dinero, la comunicación con ellos habría sido interrumpida.

El caso tuvo inicialmente once denunciantes, aunque las actuaciones policiales permitieron identificar a un total de 17 damnificados.

Con intervención de la Fiscalía Departamental de Cerro Largo de Primer Turno, el expediente llegó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de Segundo Turno, que dispuso la formalización de la investigación contra la mujer, identificada por sus iniciales N.M.A.D.S., por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en calidad de autora.

Al no registrar antecedentes penales y asumir el compromiso de reparar el perjuicio ocasionado, la Justicia resolvió aplicar la suspensión condicional del proceso por cuatro meses.

Como parte de las condiciones impuestas, deberá acordar y concretar la reparación económica a la totalidad de las víctimas. El monto establecido asciende a $ 205.100, que deberá ser abonado dentro del plazo fijado por la Sede Judicial.

La investigación permitió determinar el alcance de una maniobra que tuvo como principales perjudicadas a personas de bajos recursos que habían depositado sus expectativas en la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

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