El presidente de la Asociación Rural del Uruguay advirtió sobre el impacto de la sequía y el dólar en los productores, habló de pérdidas millonarias y reclamó herramientas para sostener la cadena de pagos.
En el marco de la Expo Durazno, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector agropecuario, marcada por la sequía, el tipo de cambio y las recientes medidas adoptadas por el gobierno.
Ferber señaló que el déficit hídrico genera una señal de alerta para la producción agrícola y sostuvo que “hay una situación de luz naranja en la agricultura que tiene que ser atendida”. En ese sentido, explicó que las gremiales rurales mantienen contactos tanto con el Ministerio de Ganadería como con el de Economía, con el objetivo de poner sobre la mesa instrumentos financieros que permitan sostener la actividad. Según indicó, la prioridad es “no cortar la cadena de pagos y poder encarar una siembra de invierno que defienda el trabajo de tantos uruguayos”.
El titular de la ARU también cuantificó el impacto económico de la sequía, estimando que las pérdidas en cultivos de soja rondan los 800 millones de dólares en comparación con el año anterior. A esto se suma el efecto del dólar, ya que, según expresó, “los dólares que cambiamos en enero de 2026 con respecto a enero de 2025 fueron un 30% más para pagar las mismas cuentas”, lo que incrementa significativamente los costos para los productores.
En este contexto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por un período de 90 días, alcanzando a los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en varios departamentos del país. El ministro Alfredo Fratti reconoció que la situación podría extenderse a otras seccionales o departamentos que no fueron incluidos inicialmente.
Para aquellos productores que quedaron fuera de la declaración de emergencia, Ferber informó que se plantearon alternativas al Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por Gabriel Oddone. Entre ellas, mencionó la posibilidad de utilizar garantías a través del SIGA y de habilitar el uso de certificados de descuento de BPS y DGI, ya sea para la compra de combustibles o para afrontar compromisos bancarios.
Desde la ARU insistieron en que la situación requiere respuestas ágiles y coordinadas, subrayando que el escenario climático y económico actual compromete seriamente la continuidad productiva si no se instrumentan medidas de apoyo en el corto plazo.
En base a Subrayado y redacción
