Botana, Araujo y Gamarra coinciden en abordar soluciones para los trabajadores fronterizos, aduanas y la diferencia de precios con Brasil, aunque advierten que la nueva Ley de Frontera no será suficiente.
En sesión que se desarrolló el pasado viernes en la Junta Departamental de Cerro Largo, el Senador Sergio Botana y los Diputados Yisela Araujo y Fernando Gamarra participaron de una instancia de intercambio convocada para analizar la situación de frontera, los controles aduaneros y la aplicación de la nueva Ley de Frontera que entrará en vigencia en los próximos días.
Botana planteó que el principal problema es la incomprensión de la dirigencia política y de los gobernantes nacionales respecto a la realidad económica y social de la frontera. Señaló que en el departamento se definen costos de vida, oportunidades laborales y la correcta utilización del vínculo con Brasil, por lo que consideró indispensable “conversar estas cosas y escuchar todas las situaciones para construir oportunidades de desarrollo”.
Gamarra valoró la instancia como “una buena oportunidad para intercambiar ideas sobre lo trabajado en estos días en torno al tema frontera”, destacando el trabajo conjunto de los representantes nacionales.
Desde otra perspectiva, la Diputada Yisela Araujo afirmó que si bien la Ley de Frontera supone un avance, no será suficiente para revertir la problemática del contrabando y la falta de empleo. Sostuvo que por primera vez un gobierno incorpora medidas económicas específicas para las zonas limítrofes, enfocadas en regular importaciones menores y mejorar condiciones para comerciantes legalmente establecidos.
Araujo remarcó que la diferencia de precios en algunos productos llega hasta un 80% respecto a Brasil, lo que dificulta la competencia comercial, y recordó que el 27 de noviembre se capacitará a interesados del departamento para adaptarse al nuevo marco regulatorio.
La legisladora también subrayó que la realidad fronteriza no puede analizarse solo desde una perspectiva económica, ya que existen dimensiones sociales complejas, incluidas otras formas de contrabando y delitos que afectan a la población. Entiende que las medidas son perfectibles y que su mejora dependerá del aporte de ediles, legisladores y la ciudadanía.
