El senador señaló que la rebaja es positiva, aunque sostuvo que “el que va a la frontera a cargar combustible va a seguir yendo igual”
La ampliación del régimen de rebaja del Imesi a los combustibles, que ahora alcanza a localidades ubicadas hasta 60 kilómetros de los pasos fronterizos y beneficia directamente a Melo, fue acompañada en el Senado por el nacionalista Sergio Botana, aunque con fuertes reparos sobre su efectividad.
La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara Alta y que ya contaba con aval de Diputados, mantiene la rebaja total del impuesto para las estaciones situadas dentro de los primeros 20 kilómetros de la frontera. Para aquellas ubicadas entre los 20 y los 60 kilómetros, como es el caso de la capital de Cerro Largo, se habilita una reducción equivalente a la mitad del beneficio vigente en la franja más cercana.
Durante su intervención en sala, Botana dejó en claro su respaldo formal al proyecto al señalar que “toda medida de rebaja impositiva y de baja del precio de los combustibles es una buena medida”, aunque advirtió que el alcance aprobado “no va a cambiar la realidad económica de las zonas fronterizas”. En ese sentido, sostuvo que la diferencia de precios seguirá justificando el traslado de consumidores hacia la frontera, por lo que “el impacto sobre el comercio local no se va a dar”.
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El exintendente de Cerro Largo fue más allá y planteó que este tipo de decisiones, si no son más profundas, terminan siendo meramente discursivas. Según expresó, la reducción parcial del beneficio “no modifica el comportamiento de quienes todos los días cruzan o se trasladan para cargar combustible y comprar otros productos”, y alertó que, de fracasar, estas herramientas “después se le terminan quitando a los fronterizos”.
Pese a sus críticas, Botana remarcó que votó afirmativamente la norma y recordó que durante el período anterior reclamó reiteradamente este tipo de soluciones. A su entender, la economía de frontera “es la foto del futuro del país” si no se corrigen los sobrecostos, la presión fiscal y la pérdida de competitividad que afectan al empleo y a la actividad comercial.
Más allá del debate político, la aprobación de la ley representa un paso esperado por Melo y otras ciudades del interior, aunque desde la propia oposición se insiste en que será necesario avanzar en medidas menos limitadas para lograr un impacto concreto en la economía local.
