Según el director de Hacienda, Alejandro Duarte, hay 76 trabajadores en condiciones de acceder a la medida, que busca un ahorro de 20 millones de pesos

En sesión extraordinaria, la Junta Departamental aprobó por unanimidad la propuesta enviada por el Ejecutivo departamental para implementar un retiro incentivado destinado a trabajadores municipales. La medida beneficiará a quienes tengan más de 60 años cumplidos, causal jubilatoria, al menos cuatro años de antigüedad y presenten su renuncia en un plazo máximo de 120 días desde la promulgación del decreto.

Los funcionarios que accedan a esta opción recibirán una partida equivalente a ocho salarios mínimos municipales, a pagar en ocho cuotas mensuales y consecutivas. Además, mantendrán la exoneración del 50% en la contribución inmobiliaria de un bien de su propiedad, beneficio vigente para los trabajadores municipales.

Según informó el director de Hacienda, Alejandro Duarte, actualmente hay 76 funcionarios en condiciones de acogerse al retiro. “El principal objetivo es seguir adelante con la reducción de personal y utilizar el mecanismo del retiro incentivado, que ya está instalado en la Intendencia, para alivianar la carga de personal con la gente que está en condiciones de jubilar”, sostuvo. Duarte explicó que la medida permitirá un ahorro cercano a 20 millones de pesos en el rubro cero de la Comuna.

La iniciativa fue respaldada de manera unánime por los 29 ediles presentes en sala, luego de varios cuartos intermedios y reuniones de negociación. El Frente Amplio acompañó la propuesta pese a considerar que “no es atractiva” y llegó a plantear un refuerzo para mejorarla, lo que finalmente no prosperó. Aun así, la bancada de izquierda votó a favor, lo que permitió la aprobación sin objeciones.

El director de Hacienda subrayó que se trata de una medida voluntaria: “No se obliga a nadie, es una oferta para tentar a quienes ya están en condiciones de jubilar. Algunos estaban esperando este decreto para retirarse”. Entre las modificaciones incorporadas al proyecto a pedido de la oposición se destacan la extensión del plazo de 90 a 120 días y la prohibición de que los funcionarios retirados puedan reingresar a la administración.

En la misma sesión, otra propuesta del Ejecutivo —referida a la quita de multas y recargos para contribuyentes morosos en la contribución inmobiliaria— fue derivada a la Comisión de Hacienda para su análisis.