La administración departamental detectó presuntas irregularidades en la recaudación y administración de recursos durante el período 2023–2025 y puso los hechos en conocimiento de la Justicia.
La Intendencia de Cerro Largo radicó una denuncia penal que dio inicio a una investigación policial por posibles irregularidades en el manejo de los recursos económicos del Hogar Estudiantil de Melo durante la gestión departamental anterior. La situación fue confirmada por el intendente Christian Morel, quien calificó la decisión como necesaria en el marco de la responsabilidad institucional.
De acuerdo a información recabada por la parte denunciante, las observaciones surgen tras detectar anomalías en los mecanismos de cobro y administración de los ingresos del hogar estudiantil entre el año 2023 y comienzos de 2025. Parte de los fondos que debían destinarse al funcionamiento y mantenimiento del establecimiento no habrían seguido los canales administrativos correspondientes.
Según las actuaciones preliminares, algunos pagos efectuados por concepto de hospedaje —abonado mensualmente por los estudiantes residentes— no habrían sido depositados en cuentas oficiales del organismo.
Al momento de los hechos denunciados, el Hogar Estudiantil de Melo contaba con 41 residentes, quienes abonaban una cuota mensual de 2.000 pesos, lo que genera interrogantes sobre el flujo total de esos recursos y su correcta utilización.
El intendente Christian Morel confirmó públicamente la presentación de la denuncia y se refirió al tema a través de sus redes sociales, donde expresó:
“Ya hicimos nuestra primera DENUNCIA por mal manejo de los dineros del Hogar Estudiantil de Melo del anterior gobierno. Son cosas que duelen, pero es nuestra responsabilidad”.
En el mismo comunicado, el jefe comunal agregó:
“Se ha dado inicio a una investigación policial a raíz de una denuncia presentada por la IDCL, vinculada al presunto mal manejo de dinero público que debió ingresar al Hogar Estudiantil de Melo entre el año 2023 e inicios de 2025, lo que podría ameritar la responsabilidad penal de algún funcionario”.
Desde la Intendencia se remarcó que el objetivo central es esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos destinados a estudiantes sean administrados con transparencia y en beneficio directo de quienes residen en el hogar.
