El edil frenteamplista trasladó su preocupación a organismos nacionales y sostuvo que la medida afectará especialmente a jubilados, pacientes crónicos y usuarios de menores recursos.
La decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de exigir el pago de un timbre profesional en consultas médicas, registros clínicos, análisis y exámenes a partir del próximo 1° de agosto generó preocupación en la Junta Departamental de Cerro Largo.
Durante la última sesión del legislativo departamental, el edil del Frente Amplio José Luis Silvera planteó el tema en la media hora previa y expresó su rechazo a una medida que, a su entender, tendrá consecuencias directas sobre el acceso a la salud de la población.
En su exposición recordó que la resolución aprobada por la Caja Profesional alcanza a los informes vinculados a consultas médicas en todas las modalidades de atención, incluyendo registros en historias clínicas, exámenes de emergencia y actuaciones realizadas en pacientes internados o atendidos en domicilio.
Silvera reconoció que la institución atraviesa una compleja situación financiera, acumulando varios ejercicios deficitarios, aunque aclaró que el centro de su planteo no pasa por la realidad económica de la Caja sino por el impacto que tendrá sobre los usuarios del sistema sanitario.
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El edil sostuvo que las autoridades del organismo han señalado que utilizan las herramientas que la normativa vigente les permite, pero afirmó que la medida “encarece el acceso a la salud” y termina afectando principalmente a quienes cuentan con menos recursos económicos.
Asimismo, advirtió que la disposición alcanza consultas preventivas y controles que el propio Ministerio de Salud Pública considera prioritarios para la prevención de enfermedades. En ese sentido señaló que también perjudicará a personas con patologías crónicas que requieren seguimiento frecuente y a jubilados con ingresos limitados.
Para Silvera, el problema estructural que enfrenta la Caja Profesional debe resolverse mediante acuerdos y soluciones de fondo. En su intervención afirmó que la situación “debe ser resuelta con diálogo y con inteligencia”, agregando que existen alternativas que no impliquen trasladar mayores costos a los usuarios de los servicios de salud.
Finalmente, solicitó que sus palabras fueran remitidas a la ministra de Salud Pública, a la Junta Nacional de Salud, a las diputadas de Cerro Largo, al Congreso Nacional de Ediles, a la Dirección Departamental de Salud y a los medios de comunicación del departamento.
