Luciano Núñez propuso avanzar en el uso de una nueva herramienta legal que permite agilizar la expropiación de propiedades en desuso con deuda compensable y recordó que cerca de 9.000 viviendas permanecen desocupadas en Cerro Largo.
La problemática del acceso a la vivienda volvió a instalarse en la Junta Departamental de Cerro Largo a partir de un planteo realizado por el edil frenteamplista Luciano Núñez, quien llamó a generar un trabajo conjunto entre organismos públicos y organizaciones sociales para aprovechar inmuebles abandonados o en desuso.
La iniciativa surge tras la aprobación de una nueva ley a nivel nacional que abrevia los trámites de expropiación de propiedades con deuda compensable, una herramienta que, según el curul, puede contribuir a dar respuesta a la emergencia habitacional que atraviesa el país.
Durante su exposición en la media hora previa, Núñez sostuvo que “el Uruguay enfrenta una situación compleja en materia de vivienda” y destacó que el proyecto aprobado por unanimidad en el Parlamento busca facilitar la recuperación de inmuebles que actualmente no cumplen ninguna función social.
El edil señaló que los datos del Censo 2023 muestran una realidad preocupante en el departamento. “Cerro Largo cuenta con más de 43 mil viviendas registradas y casi 10 mil de ellas se encuentran desocupadas”, expresó, agregando que esta situación evidencia la necesidad de analizar alternativas que permitan poner esos bienes al servicio de la comunidad.
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En el caso de Melo, indicó que más de 3.000 viviendas están deshabitadas y que una parte importante presenta un avanzado estado de deterioro. Según explicó, la nueva normativa permitirá a los gobiernos departamentales contar con mayores herramientas para intervenir en aquellos casos donde existan inmuebles abandonados, ruinosos y con deudas que puedan ser compensadas.
Núñez afirmó que “hay predios que podrían destinarse a cooperativas de vivienda u otras organizaciones que necesiten soluciones habitacionales”, al tiempo que insistió en la importancia de coordinar acciones entre la Intendencia, organismos nacionales y la sociedad civil organizada.
El representante frenteamplista solicitó que sus palabras fueran remitidas a la Intendencia de Cerro Largo, a las comisiones vinculadas a vivienda y políticas sociales de la Junta Departamental y a la oficina departamental del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de promover instancias de trabajo que permitan evaluar la aplicación de esta nueva herramienta en el departamento.
