Unas 30 familias aseguran que viven desde hace un año sin energía eléctrica y con serias dificultades de infraestructura, mientras aguardan la regularización del predio.

Un grupo de vecinos de un nuevo fraccionamiento ubicado sobre la Ruta 26, pasando el anillo perimetral de Melo y próximo al nuevo emprendimiento de Ancap, hizo pública su preocupación por la falta de servicios básicos en la zona. El planteo fue realizado por Florencia Rodríguez durante una entrevista en el programa radial Tiempos de Todos, que emite La Voz de Melo.

La vecina explicó que entre 25 y 30 familias ya residen en el lugar, pero aún no cuentan con energía eléctrica. “Hace casi un año que nos mudamos y seguimos sin luz. En mi caso tengo tres hijos y vivimos con un generador. Lo único que pedimos son los servicios básicos, porque los vamos a pagar”, manifestó.

Además de la falta de electricidad, Rodríguez señaló que las calles se encuentran en muy malas condiciones, lo que dificulta el acceso de los vecinos y la circulación diaria, especialmente en motocicleta.



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Según indicó, los residentes han realizado gestiones ante UTE y la Intendencia de Cerro Largo, e incluso mantuvieron una reunión con el intendente Christian Morel. Si bien aseguró que recibieron una respuesta favorable, sostuvo que las soluciones todavía no se han concretado.

Durante la entrevista se explicó que el principal obstáculo radica en que el fraccionamiento se encuentra actualmente en suelo con categoría rural y fuera de la planta urbana. Esa situación impide la instalación de algunos servicios hasta que se complete el proceso de recategorización del suelo, trámite que debe ser promovido por la Intendencia y posteriormente aprobado por la Junta Departamental.

Florencia Rodríguez también afirmó que, al momento de adquirir el terreno mediante un compromiso de compraventa, les informaron que el acceso a los servicios básicos no representarReclamoía un inconveniente. “Nos dijeron que íbamos a tener todos los servicios, pero ya pasó un año y seguimos esperando”, expresó.

El caso reabre el debate sobre los fraccionamientos en suelo rural y los procesos de regularización necesarios para que los vecinos puedan acceder a infraestructura básica. Mientras tanto, las familias continúan reclamando una solución que les permita contar con energía eléctrica, mejoras en la caminería y el resto de los servicios esenciales.