La Inspección General del Trabajo remitió el caso a la Justicia luego de realizar una primera investigación sobre el fallecimiento ocurrido durante una tormenta eléctrica. El organismo busca determinar si se cumplieron las medidas de prevención previstas para estas situaciones.
La muerte de un trabajador rural de 59 años, ocurrida durante una tormenta eléctrica en Cerro Largo, quedó ahora bajo análisis de la Fiscalía. La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) resolvió poner el caso en conocimiento de la Justicia tras realizar las primeras actuaciones para establecer en qué circunstancias se produjo el hecho.
El trabajador se encontraba desarrollando tareas en una estancia cuando recibió el impacto de un rayo mientras se desplazaba por el establecimiento. El episodio ocurrió en medio de las condiciones meteorológicas adversas registradas en el departamento.
El Inspector General del Trabajo, Luis Puig, explicó que la decisión de derivar el caso no implica establecer responsabilidades por parte de la Inspección, sino permitir que la Justicia profundice en aquellos aspectos que correspondan. “No nos corresponde a nosotros determinar si existió violación de la normativa o no, pero creemos que efectivamente ameritaba poner en conocimiento a Fiscalía”, señaló.
Uno de los puntos que será analizado es la aplicación de las disposiciones vigentes para proteger a los trabajadores frente a fenómenos meteorológicos que puedan representar un riesgo. Puig recordó que el Decreto 38 de 2022 contempla la suspensión de determinadas actividades cuando las condiciones puedan comprometer la vida, la salud o la integridad física de quienes se encuentran trabajando.
A partir de ahora corresponderá a la Fiscalía determinar si las circunstancias del episodio se ajustaron a la normativa de seguridad laboral y si existe algún elemento que permita establecer una eventual responsabilidad penal del empleador.
El jerarca también remarcó que los accidentes graves o mortales deben ser examinados desde la perspectiva de la organización y prevención del trabajo. En ese sentido, sostuvo que “no estamos ante la presencia de una fatalidad”, sino ante una situación que debe ser investigada para determinar si se adoptaron las medidas necesarias para preservar al trabajador.
La presentación realizada por la IGTSS abre así una nueva etapa en la investigación del fallecimiento, mientras la Justicia deberá establecer si existieron incumplimientos y qué consecuencias podrían derivarse de las condiciones en las que se desarrollaba la actividad rural.
Redacción Diario Atlas | Foto: SINAE.
