El MTOP suspendió su aplicación obligatoria y conformará una mesa de trabajo con las gremiales tras las movilizaciones del sector.
El conflicto que mantenía enfrentados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a los transportistas de carga encontró una salida transitoria luego de que ambas partes acordaran postergar la obligatoriedad de la Guía Electrónica de Carga (GEC), uno de los principales reclamos que motivó las recientes movilizaciones de camioneros en distintos puntos del país.
La decisión fue adoptada durante una reunión entre autoridades de la cartera y representantes de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), instancia en la que se resolvió conformar una mesa permanente de trabajo para continuar analizando el proyecto y avanzar en ajustes que contemplen las inquietudes planteadas por el sector.
El acuerdo establece que la guía electrónica continuará en una etapa de prueba, durante la cual se desarrollarán ensayos técnicos, correcciones e instancias de capacitación dirigidas a empresas y actores vinculados a la actividad. Además, se aclaró que la participación en estas pruebas será voluntaria y no generará obligaciones para los transportistas.
Otro de los puntos centrales señala que la herramienta no será obligatoria hasta que exista consenso sobre su diseño definitivo y se compruebe que las condiciones de funcionamiento fueron validadas por la mayoría de las empresas habilitadas. Asimismo, se acordó que su eventual implementación será gradual y adaptada a las distintas realidades del sector.
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Las partes también dejaron establecido que la utilización de la guía no tendrá costos directos para las empresas transportistas. En paralelo, el MTOP y las gremiales trabajarán para reducir eventuales costos indirectos mediante la simplificación de procedimientos y la incorporación de mecanismos automáticos de control y verificación.
El documento firmado reconoce además las particularidades que presenta el transporte de carga en materia de horarios, remuneraciones y organización laboral. En ese sentido, gobierno y empresarios se comprometieron a buscar soluciones que contemplen esas características y eviten generar situaciones de inseguridad jurídica para las empresas.
Como parte del entendimiento alcanzado, tanto el ministerio como las organizaciones del transporte acordaron no promover nuevas medidas mientras continúen las negociaciones y se respeten los compromisos asumidos.
La Guía Electrónica de Carga había generado preocupación entre transportistas autoconvocados y diversas gremiales, que advertían sobre nuevas exigencias administrativas en un contexto marcado por el aumento de los costos operativos y los recientes ajustes en el precio de los combustibles.
