La asamblea ambiental cuestiona el proyecto de un puerto granelero sobre el río Cebollatí y reclama mayor participación ciudadana antes de la audiencia pública.
La Asamblea Ambiental Hue Mirī volvió a expresar su preocupación por el proyecto de instalación de un nodo logístico con puerto granelero sobre el río Cebollatí, al entender que la iniciativa podría generar consecuencias ambientales para toda la cuenca de la Laguna Merín. El colectivo también cuestionó el proceso de participación ciudadana impulsado por la Intendencia de Treinta y Tres y solicitó una prórroga para que más vecinos puedan presentar observaciones.
El planteo surge tras finalizar la instancia de Puesta de Manifiesto vinculada a la recategorización de suelos necesaria para ejecutar la obra. Según la organización, el plazo se cerró antes de lo previsto, dejando a varias personas sin la posibilidad de enviar sus comentarios.
“Nuestra intención era que todos los habitantes de la cuenca pudieran hacer llegar sus opiniones. Mucha gente participó, pero otros quedaron sin hacerlo porque el sistema se cerró antes de finalizar la jornada”, afirmó Marcel Machado, integrante de la Asamblea Hue Miri.
El colectivo presentó un pedido formal ante la Intendencia de Treinta y Tres para extender el plazo y sostiene que aún es necesario ampliar los espacios de participación antes de la audiencia pública, que será el próximo paso del proceso y cuya fecha todavía no fue definida.
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Entre las principales objeciones figura el impacto que, según la Asamblea, tendría la construcción del puerto sobre el ambiente y las actividades productivas ya instaladas en la zona.
“El argumento de que el proyecto generará empleo no nos convence. Entendemos que puede afectar actividades como la pesca artesanal y el turismo, además de provocar un impacto ambiental importante por los dragados y otras intervenciones previstas“, señaló Machado.
El ambientalista recordó además que el puerto se proyecta frente a la Isla del Padre, un área de alto valor ecológico, y sostuvo que existen normas nacionales e internacionales que protegen los humedales de la cuenca.
“Hay un conjunto de leyes que protege estos ecosistemas y entendemos que una intervención de estas características resulta incompatible con esa normativa”, afirmó.
La organización también considera que la difusión del proyecto fue insuficiente. “El Convenio de Escazú establece que deben agotarse todos los mecanismos para informar a la población y garantizar una participación efectiva. Creemos que eso no ocurrió”, indicó.
Machado agregó que la instalación del nodo logístico favorecería la expansión de los monocultivos y el crecimiento de la frontera agrícola, profundizando procesos que, a juicio de la Asamblea, ya generan efectos negativos sobre el ambiente.
“No estamos en contra de la producción. Lo que planteamos es que existen alternativas más sostenibles y compatibles con la conservación de la cuenca. Esa discusión debe darse antes de avanzar con un proyecto de estas dimensiones”, concluyó.
