El plenario entendió que los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas no son de fondo; el Parlamento tiene 40 días para expedirse
En sesión extraordinaria celebrada en la noche del 4 de mayo, la Junta Departamental de Cerro Largo resolvió no hacer lugar a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas al Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental, por lo que el expediente será elevado a la Asamblea General del Poder Legislativo para su resolución definitiva.
El plenario analizó un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto vinculado a la Resolución N° 956/2026, de fecha 29 de abril, referida al Decreto N° 2/2026. Desde la comisión se concluyó que los señalamientos realizados por el organismo de contralor “no son de fondo ni sustanciales”, criterio que fue acompañado por el cuerpo.
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El edil Álvaro Segredo explicó que “por unanimidad se resolvió dar sanción definitiva al presupuesto ya aprobado y no aceptar las observaciones que el Tribunal de Cuentas realizó”, agregando que se trata en su mayoría de aspectos formales que “no iban a cambiar absolutamente nada”.
En ese sentido, detalló que varias de las observaciones refieren a cuestiones de ordenamiento en la estimación de recursos o a la falta de desgloses en programas de inversión, aspectos que “son de formalidad más que cuestionamientos jurídicos de fondo”. También se refirió a discrepancias en torno a asignaciones presupuestales para el municipio de Río Branco, señalando que “el Tribunal parte de una presunción que no compartimos”.
Asimismo, Segredo indicó que hubo diferencias respecto a la incorporación de artículos vinculados a compensaciones, multas por circulación y beneficios por pago adelantado de tributos, afirmando que “entendemos que la Junta actuó dentro de sus competencias”. En la misma línea, rechazó la observación sobre la inclusión de obras financiadas con recursos extrapresupuestales, remarcando que “no existe contravención constitucional en ese punto”.
De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, ahora será la Asamblea General la que deberá pronunciarse en un plazo de 40 días. En caso de no mediar resolución en ese lapso, el presupuesto quedará firme y pasará a regir como norma departamental.
