Durante una visita a Melo, el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos, Juan Martín Fernández, presentó los principales cambios previstos en el sistema de prestaciones económicas que impulsa el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Desarrollo Social avanza en una reforma del sistema de transferencias económicas destinada a fortalecer el apoyo a los hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. La iniciativa fue presentada en Melo por el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos, Juan Martín Fernández, quien mantuvo una jornada de trabajo en la oficina departamental del Mides para abordar distintos aspectos vinculados a la actualización de datos, el funcionamiento de los programas y las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo.
La principal novedad consiste en la creación de una prestación única para la infancia y la adolescencia. Fernández explicó que el proyecto plantea “la unificación del sistema de transferencias” mediante una nueva asignación que reunirá el Bono Crianza, la Tarjeta Uruguay Social, la Asignación Familiar del Plan de Equidad y la Asignación Familiar tradicional que paga el BPS.
El jerarca señaló que la medida forma parte del proyecto de Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento y aclaró que, si obtiene la aprobación legislativa, comenzará a regir desde el 1.º de enero de 2027.
Según indicó, la reforma apunta a reforzar las políticas dirigidas a la primera infancia. “Es una política que busca revertir esta pobreza infantil que tenemos en el país”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el objetivo es dirigir mayores recursos hacia los hogares con menores ingresos y presencia de niños y adolescentes.
Para financiar la iniciativa, el Gobierno prevé destinar unos 31 millones de dólares adicionales, equivalentes a aproximadamente 1.200 millones de pesos. Fernández detalló que el aumento variará según el nivel de vulnerabilidad de cada familia. “Para los más vulnerables crece un 80% la prestación, en un segundo escalón sube un 50% y en un tercero un 20%”, explicó.
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En ese sentido, señaló que los hogares con mayores carencias económicas pasarían de percibir alrededor de 5.600 pesos a “cobrar 10 mil pesos por menor que viva en ese hogar”.
La primera etapa de implementación alcanzará a unos 53.000 niños nacidos entre 2025 y 2027. Posteriormente, el Ejecutivo prevé ampliar la cobertura incorporando nuevas generaciones en futuras Rendiciones de Cuentas.
Durante su visita a Melo, Fernández también destacó que el ministerio continuará desarrollando acciones para detectar familias que aún no reciben las prestaciones pese a cumplir las condiciones. “Tenemos un desvelo desde antes, que es ir a buscar aquellos que faltan”, expresó al referirse a la estrategia de búsqueda activa que realiza el organismo mediante recorridas territoriales y actualización de la información de los hogares.
Al mismo tiempo, explicó que continuarán los procesos de recertificación para verificar que quienes reciben el beneficio mantengan las condiciones requeridas. Según indicó, esa tarea también permite dar de baja prestaciones cuando la situación socioeconómica de los beneficiarios mejora.
Otro de los cambios previstos refiere a las contraprestaciones exigidas para conservar la ayuda económica. Fernández informó que la nueva asignación combinará un componente fijo y otro condicionado. “Esta nueva prestación tiene un 80% incondicional y un 20% condicional”, precisó.
Ese porcentaje estará vinculado a la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo. En caso de que no se verifique la matrícula, las familias perderán únicamente el 20% condicionado, mientras conservarán el resto del beneficio.
El director nacional valoró que el incumplimiento de este requisito ha disminuido de forma sostenida. “El año pasado solamente 2.500 personas perdieron las asignaciones”, destacó, atribuyendo esa reducción al mayor despliegue territorial de las políticas educativas y sociales.
