Edila advierte consecuencias sociales y económicas y reclama coordinación binacional
La situación del Puente Internacional Barón de Mauá volvió a instalarse en la agenda de la Junta Departamental de Cerro Largo, donde la edil del Partido Nacional Andrea Termezana expresó su preocupación por las dificultades que vienen generando las obras de mantenimiento que se ejecutan en el lado brasileño.
La intervención, iniciada el pasado 13 de abril, se desarrolla con tránsito reducido a una sola vía y un plazo estimado cercano al mes. No obstante, según lo planteado en sala, existe incertidumbre sobre el cumplimiento de ese cronograma, lo que incrementa las complicaciones para quienes transitan diariamente entre Río Branco y Yaguarón.
Termezana señaló que la reducción de la circulación afecta de forma directa la movilidad, provocando demoras e inconvenientes logísticos que repercuten en trabajadores, estudiantes, transportistas y en el comercio en general. En ese sentido, sostuvo que la situación tiene consecuencias tanto desde el punto de vista social como económico para toda la zona fronteriza.
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En su exposición, también cuestionó que las obras se estén ejecutando únicamente por parte de Brasil, sin una coordinación visible con Uruguay. Indicó que, en un contexto de integración regional, este tipo de intervenciones debería planificarse de manera conjunta, optimizando recursos y tiempos.
La edil planteó además dudas sobre si los recursos humanos y la planificación actual son suficientes para cumplir con los plazos previstos, lo que genera preocupación en la población afectada.
Como parte de las propuestas, sugirió evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto de estas situaciones. Entre ellas, mencionó la posibilidad de acondicionar la traza ferroviaria existente sobre el puente para uso peatonal o ciclovía, e incluso analizar su eventual utilización como vía alternativa de circulación en casos excepcionales.
Finalmente, solicitó que desde la Junta Departamental se gestionen informes ante el Ministerio de Transporte y otras autoridades competentes para conocer el cronograma real de la obra, mejorar la coordinación binacional y estudiar medidas que contribuyan a reducir las dificultades mientras se desarrollan los trabajos.
