Edila Rodríguez solicitó informes a organismos nacionales y departamentales tras denunciar movimientos de suelo, afectación del monte nativo y extracción de arena en un predio ubicado junto al principal balneario de la localidad.
La situación generada por una serie de intervenciones privadas en un campo con costa sobre el río Tacuarí fue llevada a la Junta Departamental de Cerro Largo, donde la edila nacionalista por la Lista 93, representante de Plácido Rosas, Kelly Rodríguez, manifestó la preocupación existente entre los vecinos y reclamó la actuación de las autoridades competentes.
Durante su exposición, la legisladora sostuvo que desde que tomó conocimiento de los trabajos “no he dejado de pensar en las consecuencias que puede tener para nuestro pueblo, para nuestro río y para las futuras generaciones”, señalando que se trata de una situación que preocupa a toda la comunidad.
Según explicó, una empresa adquirió un padrón ubicado a unos 250 metros aguas abajo de la playa de Plácido Rosas y comenzó a desarrollar obras de importante magnitud. La edila afirmó que, de acuerdo con la información y el material recopilado, “se ha efectuado movimiento de suelo, apertura de camino, intervenciones sobre el área de monte nativo, construcción de un paso sobre el río y extracción de arena en ambas márgenes del Tacuarí”, alcanzando territorios de Cerro Largo y Treinta y Tres.
La representante recordó que durante años distintos organismos públicos realizaron inversiones para desarrollar ese espacio como destino turístico, con la construcción de baños, duchas, áreas para emprendedores y otras mejoras destinadas a fortalecer la actividad económica de la localidad.
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En ese contexto, advirtió que “la preocupación de los vecinos no es caprichosa”, ya que considera que las intervenciones podrían afectar un ecosistema de alto valor ambiental y uno de los principales atractivos turísticos de la zona.
En su intervención Rodríguez aclaró que “no estamos discutiendo el derecho de un particular sobre su propiedad”, sino que el planteo apunta a determinar si las obras cumplen con la normativa ambiental vigente y cuentan con las autorizaciones correspondientes. Agregó que cuando una intervención “puede afectar un río, el monte nativo y el equilibrio del ecosistema deja de ser un asunto privado para convertirse en un asunto de interés público”.
Por ese motivo, la edila planteó una serie de interrogantes sobre los permisos otorgados para las obras, los estudios de impacto ambiental realizados y las autorizaciones para intervenir sobre el monte nativo, construir un paso sobre el río y extraer arena en ambas márgenes del Tacuarí.
Finalmente, solicitó que la Junta Departamental curse con carácter urgente pedidos de informes a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a las intendencias de Cerro Largo y Treinta y Tres, a los municipios involucrados y a las comisiones de Medio Ambiente correspondientes.
Al cerrar su exposición, remarcó que “el río Tacuarí no pertenece a una empresa ni a un particular; pertenece a todos los pobladores de la zona” y sostuvo que existe la responsabilidad de proteger ese patrimonio natural “no solo por nosotros, sino también por las generaciones que vendrán”.
