Edil plantea acciones interinstitucionales ante reiterados episodios en el entorno del Liceo y UTU
Una situación de violencia entre estudiantes en el entorno del Liceo y la UTU de Río Branco fue puesta a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo, a partir de una iniciativa presentada por el edil frenteamplista Geener Amaral.
El planteo advierte sobre episodios reiterados de enfrentamientos físicos entre jóvenes, especialmente en horarios de salida de clases, y sostiene que se trata de una problemática persistente que no ha logrado una solución sostenida en el tiempo. En ese marco, se señala que recientemente uno de estos hechos fue registrado en video, lo que permitió confirmar la gravedad de la situación, así como la falta de intervención inmediata por parte de adultos presentes.
El edil subraya que lo ocurrido en Río Branco no es un hecho aislado, sino que forma parte de una realidad más amplia a nivel nacional, donde incluso se ha detectado la circulación de contenidos en redes sociales que difunden peleas entre estudiantes, incluyendo casos del departamento.
En el análisis presentado, se identifican varios factores que inciden en esta problemática, entre ellos la falta de supervisión en momentos críticos, dificultades en la gestión emocional de los adolescentes, particularidades del contexto de frontera y la creciente normalización de la violencia a través de su difusión en plataformas digitales.
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Asimismo, se advierte sobre la existencia de zonas grises en cuanto a responsabilidades institucionales, especialmente en espacios como el entorno inmediato de los centros educativos, donde no siempre está claramente definida la intervención de las autoridades.
El documento también incorpora testimonios que resaltan el compromiso de los equipos educativos, aunque reconoce limitaciones normativas y operativas para actuar en determinadas situaciones, además de señalar el rol clave de las familias en la prevención de estos hechos.
En cuanto a propuestas, se plantean medidas a corto y mediano plazo, que incluyen solicitar información a las autoridades educativas, reforzar la presencia policial en horarios de ingreso y salida, mejorar el entorno urbano con iluminación y videovigilancia, y promover la creación de una mesa de coordinación interinstitucional.
También se sugiere impulsar programas de contención, instancias de mediación entre pares y campañas dirigidas a las familias sobre el impacto de la difusión de hechos violentos en redes sociales.
Finalmente, se remarca la necesidad de una respuesta articulada entre instituciones, entendiendo que la problemática trasciende el ámbito educativo y requiere un abordaje integral a nivel local y departamental.
La inquietud fue remitida a distintas autoridades, entre ellas organismos de la educación pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la Jefatura de Policía y la Intendencia Departamental, así como a comisiones de la propia Junta.
