La situación de las viviendas abandonadas en Cerro Largo, el deterioro de calles y avenidas de Melo, los mecanismos de control de materiales municipales y la preocupación por nuevos costos asociados a la atención médica estuvieron entre los temas destacados durante la Media Hora Previa de la última sesión de la Junta Departamental.
Uno de los planteos fue realizado por el edil Luciano Núñez, quien informó sobre la reciente aprobación parlamentaria de la ley que habilita un trámite expropiatorio abreviado para inmuebles con deudas de contribución inmobiliaria. En ese sentido, propuso que la Intendencia analice la aplicación de la normativa para intervenir sobre viviendas abandonadas o en estado ruinoso, tomando como referencia la información relevada por el último Censo.
Por su parte, Hugo Desplast presentó un proyecto orientado a regular la circulación de los vehículos de movilidad personal, una modalidad de transporte que ha crecido en los últimos años y que actualmente carece de una reglamentación específica a nivel departamental.
En materia de control administrativo, Geener Amaral formuló un pedido de informes dirigido a la Intendencia para conocer los sistemas utilizados en la fiscalización de materiales de construcción destinados a obras públicas. El edil solicitó detalles sobre la trazabilidad de los insumos, los mecanismos de control en los depósitos municipales y consultó si la comuna dispone de sistemas de geolocalización para el monitoreo de vehículos y maquinaria.
La situación de la red vial urbana también estuvo presente en el debate. Ignacio Rodríguez reclamó una respuesta ante el deterioro de diferentes calles de Melo y sostuvo que es necesario aplicar soluciones transitorias de bacheo mientras se concretan intervenciones de mayor envergadura.
Otro de los temas abordados fue la protección de las personas mayores. Mónica Peña solicitó una mayor difusión de la Ley 19.430, normativa que promueve los derechos y la protección integral de los adultos mayores, alertando sobre situaciones de discriminación asociadas al denominado “viejismo”.
En representación de diversas comunidades educativas, Nilza Pérez trasladó la preocupación existente en escuelas rurales que actualmente encuentran dificultades para realizar beneficios y actividades de recaudación en sus propios predios, solicitando que la situación sea analizada por las autoridades de ANEP.
Luis Coronel, en tanto, presentó una inquietud planteada por el edil Federico Ricagni vinculada al estudio de los cálculos y la aplicación de determinados gastos dentro del Legislativo departamental.
La intervención de José Luis Silvera estuvo centrada en la decisión adoptada por la Caja de Profesionales Universitarios de exigir, a partir del 1° de agosto, el pago de timbres profesionales en consultas médicas y otros servicios de salud. El edil manifestó su preocupación porque la medida podría “encarecer el acceso a la atención médica” y resolvió trasladar el planteo al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante la sesión también se tramitaron asuntos entrados y licencias de varios ediles. En el Orden del Día fue aceptada la renuncia del edil Ricardo Piñeiro y se aprobaron diversos informes de comisión.
Entre ellos se destacó la declaración de interés departamental de las actividades por el centenario de Tupambaé, la remisión a la Intendencia de una iniciativa para regular la instalación de calefones a gas y la participación de representantes de la Junta en la Asamblea Anual Binacional que se desarrollará el próximo 26 de junio en la ciudad brasileña de Herval.
