El edil Geener Amaral planteó dudas sobre el destino de una inversión superior a los 200.000 dólares y cuestionó que OPP haya certificado un 96,65% de ejecución financiera pese a que, según la documentación citada en Sala, el objetivo del proyecto no habría sido cumplido.
El proyecto para dotar a Cerro Largo de un equipo perforador volvió a ocupar un lugar destacado en la Junta Departamental. La iniciativa, impulsada durante la administración del exintendente José Yurramendi para mejorar el acceso al agua de pequeños productores rurales, fue nuevamente cuestionada por el edil frenteamplista Geener Amaral durante la sesión del pasado 27 de agosto.
Amaral recordó que el asunto ya había sido analizado anteriormente mediante pedidos de informes dirigidos a la Intendencia, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), además de haber motivado una Comisión Investigadora y una auditoría externa en la comuna.
El edil centró su planteo en la diferencia que, a su entender, existe entre el nivel de ejecución económica informado y el resultado concreto que debía alcanzar el proyecto. Según la documentación de OPP presentada por Amaral, fueron desembolsados $6.609.698,60 y se certificó un avance del 96,65%, mientras que el presupuesto total alcanzaba los $8.045.900 y la ejecución registrada era de $7.776.116.
“Existe una discordancia evidente entre un 96,65% de ejecución financiera certificada y el incumplimiento del objetivo público financiado”, sostuvo Amaral al exponer su posición ante el Legislativo departamental.
El objetivo original estaba relacionado con la posibilidad de realizar perforaciones para abastecer de agua a más de 120 pequeños productores rurales. Sin embargo, de acuerdo con la respuesta de OPP citada por el edil, el proyecto no habría alcanzado esa finalidad.
Uno de los elementos señalados refiere al propio funcionamiento de la maquinaria. Según la documentación presentada en Sala, la perforadora habría sufrido más de tres roturas durante el período de capacitación, tras lo cual se habría acordado su sustitución. Amaral cuestionó que esa sustitución no aparezca suficientemente acreditada en la información disponible.
LA DISCUSIÓN SOBRE QUÉ SIGNIFICA EJECUTAR LOS FONDOS
El planteo también apuntó a diferenciar la ejecución financiera de la comprobación efectiva del resultado de una inversión pública.
Amaral sostuvo que la existencia de documentación contable que respalde los gastos no permite, por sí sola, determinar que el equipamiento haya cumplido con las condiciones técnicas previstas ni que se hayan concretado los trabajos proyectados.
En ese sentido, señaló que la propia información proporcionada por OPP establece que no se realizó una auditoría específica y que se efectuó una revisión sobre una muestra de documentación.
“Que no existan saldos pendientes de rendir no demuestra que la perforadora fuera adecuada, estuviera operativa o que se hubieran realizado los pozos”, argumentó el edil.
El planteo adquiere particular relevancia porque, según la documentación citada, durante 2022 y 2023 se fueron certificando diferentes componentes de la inversión. En diciembre de 2022 se habría certificado el 50% del valor de la maquinaria, mientras que en agosto de 2023 se certificó el restante 50%.
Posteriormente, en diciembre de 2023, se certificaron otros $1.531.416 correspondientes a bombas, caños e insumos, llevando el proyecto al mencionado 96,65% de avance financiero.
Amaral puso además el foco en que posteriormente se consignó la ejecución de los fondos como finalizada, mientras que, de acuerdo con la respuesta de OPP que presentó, el proyecto permanecía sin cierre formal y continuaba pendiente de información.
El edil entiende que en este proceso deben analizarse las responsabilidades de las distintas partes involucradas. Por un lado, señaló la responsabilidad de la Intendencia en aspectos como el pliego, la selección del proveedor, la adjudicación, la recepción de la maquinaria, los pagos y los reclamos correspondientes.
Pero también cuestionó el rol de OPP como organismo financiador y encargado de tareas de seguimiento y certificación. “OPP tampoco queda al margen: era financiador, certificador y responsable del seguimiento”, sostuvo Amaral.
Al cierre de su exposición, el edil solicitó que se avance en una auditoría técnica y financiera conjunta, que se realice la trazabilidad completa de los fondos y que intervenga el Tribunal de Cuentas para determinar eventuales responsabilidades.
Además, pidió que las actuaciones sean remitidas a la Intendencia de Cerro Largo, a OPP y al Tribunal de Cuentas, y que el asunto sea analizado por la Comisión de Promoción Agropecuaria de la Junta Departamental.
