Botana cuestionó la forma en que se difundió el informe y Guarino aseguró que varias observaciones “eran prácticas habituales” en anteriores administraciones.
La presentación pública de los resultados primarios de la auditoría impulsada por la administración del intendente Christian Morel sobre la gestión encabezada por José Yurramendi entre 2020 y 2024 continúa generando repercusiones políticas en Cerro Largo. Las observaciones vinculadas a compras directas, licitaciones, pagos y manejo de fondos derivaron en distintas reacciones tanto dentro del Partido Nacional como desde la oposición frenteamplista.
El senador nacionalista y exintendente Sergio Botana sostuvo que “si hubiera una cuestión ilegal, es obligación de un gobernante denunciarla”, remarcando además que “debe ser bienvenida la transparencia en todos los casos”. No obstante, cuestionó la forma elegida para comunicar el informe, entendiendo que “una auditoría no debe ser publicitada por Facebook ni en la tardecita de un feriado”, marcando reparos sobre el manejo político del tema más allá del contenido del documento.
GUARINO: “MUCHAS DE ESTAS OBSERVACIONES NO NOS SORPRENDEN”
Desde el Frente Amplio, el edil Pablo Guarino consideró que buena parte de las observaciones divulgadas “son un modo operandi de los últimos gobiernos departamentales”, señalando que varias de esas situaciones ya habían sido advertidas por la oposición a través de las observaciones realizadas año tras año por el Tribunal de Cuentas.
El curul frenteamplista afirmó que muchos de los aspectos mencionados “no sorprenden”, porque responden a prácticas que, según dijo, se reiteraron durante al menos los últimos 15 años en la administración departamental. En ese sentido, sostuvo que a ese funcionamiento “se le dio por llamar la manera de Cerro Largo”, haciendo referencia a mecanismos de compras y contrataciones que, aseguró, eran habituales en distintas administraciones.
No obstante, Guarino diferenció algunas situaciones que considera especialmente delicadas y que, a su entender, requieren un análisis más profundo. Entre ellas mencionó el caso de facturas por cerca de ocho millones de pesos sin un proceso formal de compra documentado, así como observaciones relacionadas con licitaciones y proveedores que facturaban casi exclusivamente a la Intendencia.
“Ahí es donde se pueden encontrar temas que tengan reproche penal”, expresó el edil, quien además adelantó que solicitará formalmente el acceso completo a la auditoría en la Junta Departamental. Argumentó que el informe fue realizado con recursos públicos y que el legislativo departamental tiene “todo el derecho” a analizar la documentación en su rol de contralor.
Al mismo tiempo, Guarino criticó el tono de la conferencia de prensa encabezada por Morel, señalando que hubo “mucho ruido y pocas nueces”, aunque insistió en que, si existen irregularidades, corresponde actuar y tomar medidas concretas.
La auditoría continúa ahora en etapa de análisis jurídico y administrativo dentro de la Intendencia, mientras desde el gobierno departamental no se descarta que algunos de los elementos detectados puedan terminar siendo derivados a Fiscalía.
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