El intendente sostuvo que la investigación fue un compromiso de campaña, defendió la transparencia del proceso y aseguró que contó con respaldo político para avanzar con la auditoría
El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, se refirió a los primeros resultados de la auditoría impulsada por la actual administración sobre el período de gobierno encabezado por José Yurramendi entre 2020 y 2025, asegurando que el informe preliminar deja en evidencia “desorden” en distintos procedimientos administrativos y situaciones que podrían terminar siendo analizadas por la Justicia.
Morel señaló que el gobierno departamental decidió “dejar arriba de la mesa el resultado de la auditoría” y avanzar paralelamente con investigaciones administrativas internas. En ese sentido, afirmó que “preliminarmente creemos que hay indicios para llegar a la Justicia y hacer los procesos que se deben hacer”, marcando así la posibilidad de futuras actuaciones judiciales.
El jefe comunal defendió además la realización de la auditoría como una promesa asumida durante la campaña electoral y aseguró que recibió respaldo político para concretarla. “En la jerga popular se decía que no lo iba a hacer porque el Partido Nacional lo iba a llamar, pero en realidad me llamaron para apoyarme y para decirme que las cosas cuando uno las promete las tiene que cumplir”, expresó, enfatizando que el proceso se llevó adelante “sin presión de ningún tipo”.
Morel remarcó que varios de los aspectos señalados durante la campaña fueron confirmados por el informe preliminar. “Quedó una evidencia de que lo que dijimos en campaña política, que había desorden en algunas cosas y procedimientos que no se hacían bien, terminó apareciendo en la auditoría”, sostuvo.
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Entre los puntos observados, indicó que “el 87% de las compras no tenían un proceso de compra” y aseguró que “el 90% era destinado a 20 proveedores”, contrastando esa situación con la política de compras actual de la Intendencia, donde —según afirmó— se trabaja con cerca de 200 proveedores.
El intendente también señaló que durante el análisis surgieron dificultades vinculadas a documentación faltante. “Hay algunas licitaciones que no tienen ni siquiera un tribunal que haya tomado una decisión”, expresó, agregando que en ciertos casos “no se ha encontrado la documentación” correspondiente a procedimientos licitatorios.
Asimismo, indicó que se detectaron compras que superaban los montos permitidos para compras directas y que, según explicó, “deberían haber ido a licitación”. Para Morel, estos elementos son parte de las situaciones que ahora deberán ser evaluadas en profundidad por el equipo jurídico de la comuna.
Otro de los aspectos mencionados por el intendente refiere al destino de partidas económicas recibidas por la administración anterior. “Comprobamos que dineros que habían llegado para determinados fines no tuvieron el destino que debían tener”, afirmó. También aseguró que existían retenciones realizadas a funcionarios “que no eran volcadas a la financiera correspondiente”.
Consultado sobre los tiempos para una eventual presentación ante Fiscalía, Morel sostuvo que el gobierno departamental decidió darle libertad de acción al equipo jurídico. “Les hemos dado el tiempo suficiente para que puedan trabajar bien”, expresó, recordando además recientes actuaciones administrativas que culminaron con el procesamiento de una persona. “Estoy muy conforme con el equipo que hay”, concluyó.
