El abogado cuestionó la falta de elementos concretos en el informe presentado por la administración Morel y calificó toda la situación como “un saludo a la bandera”.
Las repercusiones tras la presentación de los resultados preliminares de la auditoría encargada por la administración de Christian Morel a la gestión del exintendente José Yurramendi continúan generando debate en Cerro Largo. En las últimas horas, quien se pronunció sobre el tema fue el abogado Camilo Burgos, que cuestionó tanto el momento como la metodología utilizada para divulgar la información.
Burgos afirmó que “es muy difícil hacer un pronóstico sobre qué es lo que va a suceder a partir de 10 o 12 titulares” y aseguró estar “absolutamente convencido” de que la presentación pública respondió más a una estrategia política que a un avance concreto hacia eventuales responsabilidades judiciales.
En ese sentido, sostuvo que la conferencia buscó “cumplir con lo prometido en la campaña electoral” y consideró que el tema podría quedar diluido con el correr de los días. “Esto es simplemente una chicana para decir cumplimos con lo que prometimos y ahora lo ponemos en un congelador donde seguramente se va a olvidar”, expresó.
El profesional cuestionó además que la auditoría no comenzara junto con el inicio del actual gobierno departamental. Según indicó, si realmente existía voluntad de “llegar al hueso” respecto al déficit heredado, el trabajo debía haberse puesto en marcha desde el primer día de gestión, preservando documentación y delimitando claramente qué correspondía al período anterior y qué al actual.
A su entender, también llamó la atención que durante la conferencia no estuviera presente el equipo técnico responsable de la auditoría para explicar detalles metodológicos, alcances y criterios utilizados en el análisis. “Terminamos con que quien analiza esto es el intendente y su equipo político de gobierno”, remarcó.
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Burgos hizo especial referencia a algunos de los puntos presentados públicamente, particularmente aquellos vinculados a compras y procesos administrativos. Allí sostuvo que las observaciones difundidas fueron “absolutamente genéricas” y planteó interrogantes sobre el alcance real del trabajo realizado.
“Se dice que en el 90% de las compras analizadas no existió un proceso competitivo, pero no se explicó cuántas compras fueron analizadas ni cómo se obtuvo esa muestra”, afirmó. También cuestionó que no se aclarara si dentro de ese análisis se incluyeron situaciones denunciadas anteriormente en la Junta Departamental
En ese marco, recordó denuncias realizadas tiempo atrás por ediles vinculadas a compras y facturación en municipios del departamento. “Por ejemplo, las facturas denunciadas en la Junta Departamental vinculadas a ventas de una barraca de un actual jerarca de la Intendencia respecto a Plácido Rosas, donde se señalaba que no había existido procedimiento competitivo y que se habrían fraccionado compras. ¿Eso estuvo dentro del análisis o no?”, cuestionó.
Respecto a la posibilidad de derivaciones judiciales, Burgos fue tajante y aseguró que, con la información presentada hasta el momento, no observa elementos que configuren delitos. “De este informe se desprende una mala o cuestionable gestión de fondos públicos, pero eso no significa que alguien se haya llevado dinero para la casa”, enfatizó.
Incluso señaló que muchas de las situaciones planteadas forman parte de prácticas administrativas habituales en distintos gobiernos departamentales del país, particularmente en lo relativo a la utilización de fondos para cubrir obligaciones inmediatas.
El abogado sostuvo además que la actual administración debería transmitir tranquilidad a la población y dejar en claro que, más allá de cuestionamientos administrativos o políticos, “no hubo nada” que demuestre maniobras de corrupción como las que —según dijo— se insinuaron durante la campaña electoral.
“Si estas son las irregularidades que constató una auditoría, bueno, no pasó nada”, manifestó Burgos, quien cerró sus declaraciones calificando toda la situación como “un saludo a la bandera”.
