Christian Morel presentó el informe ejecutivo y anunció investigaciones administrativas que podrían derivar actuaciones a Fiscalía
El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que presentó el resumen ejecutivo de la auditoría externa realizada sobre la administración departamental anterior, informe que detectó una serie de irregularidades en áreas vinculadas a compras, sueldos y manejo de fondos de terceros.
Acompañado por el director de Hacienda Alejandro Duarte, el secretario general Pablo Duarte y el director Jurídico Daniel Gómez, Morel sostuvo que la auditoría fue una de las principales promesas de campaña y confirmó que, tras conocerse los resultados, comenzarán investigaciones administrativas internas.
El jefe comunal explicó que el estudio demandó varios meses entre el llamado a licitación y la elaboración del informe final, señalando que el trabajo realizado constituye un “muestreo” sobre distintos procedimientos administrativos de la Intendencia.
Entre los principales puntos observados, la auditoría detectó que en el 90% de las compras analizadas no existió evidencia de procesos competitivos entre proveedores, mientras que el 87% de las adquisiciones realizadas durante el período auditado se concentraron en apenas 20 empresas proveedoras.
Además, se constató la existencia de compras sin identificación clara de la dirección responsable, faltantes de requisitos formales en facturas y casos donde procedimientos que debían realizarse mediante licitación pública terminaron concretándose por compra directa.
Otro de los aspectos señalados refiere a pagos realizados con caja chica en condiciones similares a compras que sí requerían procedimientos competitivos, así como diferencias de precios que, según el informe, en algunos casos superaban los valores de mercado hasta en un 20%, aunque Morel afirmó que existen otros elementos que indicarían diferencias aún mayores.
En materia salarial, la auditoría también observó incrementos en compensaciones, partidas variables, horas extras y diferencias de sueldo, además de detectar casos donde no se encontró documentación que respaldara el pago de determinadas partidas.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación durante la conferencia fue la constatación de retenciones realizadas a funcionarios que no habrían sido volcadas posteriormente a las instituciones correspondientes.
Asimismo, el informe indicó que al momento del traspaso de mando existía insuficiencia de fondos en cuentas destinadas a convenios y programas específicos, situación que, según las autoridades actuales, impedía cubrir obligaciones ya asumidas por la Intendencia.
Otro de los elementos expuestos refiere a un proveedor que reclama cerca de nueve millones de pesos mediante facturas que, según la auditoría, no cuentan con registros de compra, órdenes de adquisición ni documentación administrativa que respalde el procedimiento.
Desde el área jurídica se aclaró que el informe no tenía como objetivo determinar responsabilidades políticas o penales, aunque se confirmó que no se descarta elevar actuaciones a Fiscalía una vez culminadas las investigaciones administrativas en curso; “nada está descartado”, dijo el Dr. Gómez.
“Hay algunas evidencias de cosas que podemos derivarlas a Fiscalía”, agregó Morel, quien además aseguró que el proceso fue realizado con total independencia y remarcó que “nunca hubo presiones políticas” para frenar la auditoría, agregando que algunas de las situaciones detectadas “evidencian un gran desorden administrativo” durante el período analizado.
La auditoría abarcó el período comprendido entre los años 2020 y 2025, incluyendo tanto dependencias de la Intendencia como municipios del departamento.
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