Planteos en la Junta Departamental advierten realidades distintas, pero con un denominador común: la necesidad de ampliar controles y adoptar medidas que protejan la salud de la población.
La calidad del aire en las ciudades de Melo y Río Branco quedó en el centro del debate departamental a partir de distintos planteos realizados por el edil del Frente Amplio Geener Amaral ante la Junta Departamental de Cerro Largo. En ambos casos, los pedidos de informes y exposiciones se apoyan en datos oficiales del Ministerio de Ambiente y buscan profundizar el análisis ambiental con una mirada más integral.
En el caso de Melo, Amaral elevó un pedido de informes al amparo de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, dirigido al Ministerio de Ambiente y con copia a organismos vinculados a la salud. Según los datos oficiales correspondientes a 2024, elaborados por la DINACEA, la calidad del aire en la capital departamental se clasifica como buena y dentro de los parámetros establecidos por el Decreto Nº 135/021. Sin embargo, el edil señaló que el monitoreo se realiza mediante muestreos discretos y manuales en un único punto del sector oeste de la ciudad, históricamente ubicado en la zona de la Plaza de Deportes o predios municipales cercanos.
Desde su planteo, advirtió que esta metodología podría no reflejar de manera adecuada otros factores ambientales relevantes, especialmente los incendios frecuentes y prolongados que se registran en el vertedero municipal de La Pedrera, situado al este de la ciudad. A su entender, la distancia, la ubicación del punto de medición y la incidencia de los vientos predominantes podrían hacer que episodios de contaminación provenientes de ese sector no estén siendo captados. En ese marco, sostuvo que el objetivo no es cuestionar los informes existentes, sino “complementarlos para lograr una evaluación más representativa e integral del aire que respiran los habitantes de Melo”, consultando además sobre la posibilidad de instalar monitores móviles o puntos adicionales de medición y sobre eventuales recomendaciones sanitarias ante episodios de humo.
Una realidad diferente, pero igualmente preocupante, se presenta en Río Branco. Allí, un relevamiento oficial del Ministerio de Ambiente correspondiente a 2024, remitido también en respuesta a un pedido de informes, advierte valores elevados de material particulado PM10. De acuerdo al informe técnico, el promedio indicativo anual alcanzó los 57 microgramos por metro cúbico, superando ampliamente el objetivo anual de 20 establecido en la normativa, mientras que en algunos días se registraron picos de hasta 139 microgramos, casi tres veces el límite diario permitido.
Si bien la autoridad ambiental aclara que los datos no alcanzan el porcentaje mínimo requerido para validar formalmente el promedio anual, el propio documento reconoce que los valores “tienen carácter indicativo y son suficientes para evidenciar una situación persistente de mala calidad del aire”. Entre las principales fuentes emisoras se identifican actividades agroindustriales vinculadas al arroz y la soja, el tránsito vehicular pesado y la presencia de calles y caminos no pavimentados que generan polvo en suspensión, muchas de ellas dentro del área urbana o en su entorno inmediato.
El informe también señala carencias en la gestión ambiental, como la falta de finalización de un Plan de Acción para mejorar la calidad del aire y la ausencia de medidas estructurales concretas para reducir las concentraciones de PM10, quedando las acciones más relevantes proyectadas recién para 2026. Desde el punto de vista sanitario, se remarca el riesgo asociado a afecciones respiratorias y cardiovasculares, con mayor impacto en niños, personas mayores y población con enfermedades preexistentes.
En ambos casos, Amaral planteó la necesidad de que estos temas sean analizados por la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental, así como por la Intendencia de Cerro Largo, los municipios involucrados y los organismos nacionales competentes, con el objetivo de avanzar en información más completa, coordinación interinstitucional y acciones que contribuyan a mejorar la calidad ambiental y proteger la salud de la población.
